Un matrimonio, dueños de un sitio en Población Ampliación Nueva Victoria en Iquique, enfrentó una situación crítica cuando, el 2 de diciembre de 2018, descubrieron una fuga de agua de la matriz de la empresa Aguas del Altiplano justo fuera de su casa.

El agua se filtró subterráneamente hacia su vivienda desde las primeras horas de la mañana, causando daños severos a la estructura del inmueble.

La pareja contactó inmediatamente a la empresa, que acudió a realizar la reparación. Sin embargo, horas más tarde, notaron desajustes en el portón del primer piso y hundimientos en el terreno, acompañados de grietas en las paredes del estacionamiento.

A pesar de sus repetidos intentos de comunicación con Aguas del Altiplano, no obtuvieron una solución efectiva.

Finalmente, el 6 de diciembre, acudieron personalmente a las oficinas de la empresa. Un supervisor visitó la propiedad pero no resolvió los daños, lo que llevó a la pareja a presentar un reclamo ante la Superintendencia de Servicios Sanitarios el 28 de diciembre.

La respuesta de la entidad fue que, aunque no podían intervenir en disputas de daños a la propiedad, la empresa sí tenía la responsabilidad sobre la operación y mantenimiento de las instalaciones que causaron el problema.

En febrero de 2019, un arquitecto contratado por la pareja concluyó que los daños eran resultado directo de la filtración y las reparaciones subsiguientes.

Ante la negativa de la empresa a reconocer su responsabilidad, la situación de la vivienda se agravó hasta que la Municipalidad de Iquique declaró la casa parcialmente inhabitable el 6 de junio de 2019.

Tras llevar el caso a los tribunales, la justicia falló a favor de la familia, estableciendo que Aguas del Altiplano debía pagarles $28.000.000 por los problemas y el malestar causado.

Sin embargo, la empresa no estuvo de acuerdo con esta decisión y decidió llevar el caso a la Corte Suprema, esperando que se anulara la sentencia.

El Tribunal Supremo, compuesto por un grupo de jueces expertos, revisó todo lo presentado y decidió por unanimidad mantener la decisión original.

Los jueces explicaron que los argumentos de la empresa sobre errores en el proceso legal no eran suficientes para cambiar la decisión.

Según los jueces, incluso si hubiera habido pequeños errores en cómo se manejó el caso inicialmente, estos no eran importantes como para afectar el resultado final, es decir, la empresa aún sería responsable por los daños causados.