Para afinar entrega de espacios costeros a comunidades mapuche Lafkenche: Proponen proyecto de ley
En un intento por resolver las disputas y mejorar los procedimientos en la asignación de territorios costeros a comunidades indígenas, se ha presentado un proyecto que propone modificaciones significativas a la ley N° 20.249, conocida como "Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios" (ECMPO).
Esta ley, en vigor desde 2008, fue diseñada para asignar áreas del litoral chileno a las comunidades mapuche Lafkenche, basándose en el uso ancestral de estos territorios.
El proyecto busca simplificar y acelerar los procesos que permiten a las comunidades indígenas administrar estos espacios marítimos, que han sido objeto de prolongados procedimientos administrativos y legales, llegando en algunos casos a extenderse por más de cuatro años.
La normativa actual ha sido objeto de crítica tanto por sectores empresariales como por académicos, quienes argumentan que la ley no ha sido efectiva en facilitar un manejo equitativo y eficiente del borde costero.
La investigación citada por Castro, realizada por los expertos Zelada y Park, señala que sin una adecuada zonificación que reconozca los derechos de los Lafkenche y sin la participación activa de estas comunidades en la planificación territorial, la ley seguirá enfrentando obstáculos significativos.
Estas complicaciones han resultado en un estancamiento de proyectos de inversión y en un clima de incertidumbre económica en las zonas afectadas.
El proyecto, que actualmente se encuentra bajo estudio en la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado, también apunta a fortalecer los mecanismos de diálogo y respeto entre los diferentes usuarios del litoral.
Se enfatiza que esta reforma no solo busca agilizar los trámites, sino también asegurar que se respeten los derechos consuetudinarios de las comunidades indígenas, alineando Chile con los estándares de derechos indígenas internacionales como los establecidos por el Convenio 169 de la OIT.
Con 19 ECMPO ya otorgados y 84 solicitudes pendientes que abarcan más de dos millones de hectáreas, la necesidad de reformar y mejorar la ley es urgente.
