Sin duda, el celular es el dispositivo electrónico más utilizado en Chile. Según datos de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, este año ya nos acercamos fuertemente hacia los 27 millones de dispositivos, confirmando que en el país hay más celulares que personas, aproximadamente 133 por cada 100 habitantes.

El exceso de celulares parece correlacionarse con una sobreutilización de ellos por parte de niños y jóvenes dentro de sus espacios educativos. En respuesta a ello, hace algunas semanas se hizo pública la decisión de la alcaldía de Las Condes de prohibir la utilización de los celulares en las escuelas y liceos que están bajo su cargo.

Aunque en el Congreso Nacional se discuten varios proyectos legislativos sobre esta problemática, la cuestión de fondo y diferenciadora entre ellos pasa por si finalmente la nueva ley “prohibirá” o solo “regulará” su uso y porte al interior de los establecimientos escolares.

No es de extrañar que los sectores más conservadores del país opten y apoyen la moción sostenida en la prohibición de los celulares, puesto que para ellos siempre es más fácil y cómodo no hacerse cargo del verdadero problema de fondo. Por su parte, sectores progresistas argumentan que la prohibición no es el mejor camino. Ellos apuestan por una regulación, dialogada, conversada, ya sea al interior de los hogares, como de las mismas comunidades educativas.

Así al menos lo propone el actual ministro de Educación, Nicolás Cataldo, quien ante la decisión de la comuna aludida, señaló que “la eliminación completa puede ser un poco extrema, la verdad es que en el mundo hay distintas expresiones, hay países que los han prohibido y otros que no han tomado una decisión. Nosotros estamos discutiendo todavía, pero va en la línea de establecer condiciones para su uso”.

En contraste con las medidas prohibitivas, la postura de la autoridad es respaldada por expertos del CIAE de la Universidad de Chile, como el psicólogo Patricio Cabello, quien considera que este escenario de censura podría generar que “la escuela se desentienda todavía más de las prácticas digitales de los niños”.

Asimismo, la regulación es promovida por varias de las voces expertas que fueron invitadas este año al lanzamiento de la actualización del documento ministerial sobre “Orientaciones para la regulación del uso de celulares y otros dispositivos móviles en establecimientos educacionales”, y donde se expresa que, si bien “se reconoce la falta de evidencias concluyentes para prohibir el uso de tecnologías sin matices”, se ha observado que la mayoría de los países “han optado por distintas formas de regulación”. Este interesante documento puede ser consultado en el apartado web sobre “Ciudadanía Digital” del Mineduc.

Asimismo, Antonia Larraín, vicerrectora de Investigación y Postgrado de la UAH, señala que, si bien hay estudios que sostienen que la sobreexposición del uso de “pantallas” móviles para la entretención de nuestros estudiantes tendría un efecto negativo en su aprendizaje, lo cierto es que otros informes señalan que, si esas mismas horas dedicadas al ocio son reutilizadas para estudiar digitalmente, el rendimiento escolar de los estudiantes puede mejorar notablemente.

Ahora bien, con respecto a la corresponsabilidad de regular el acceso y uso de los celulares por parte de los niños y jóvenes en edad escolar, existe cierta contradicción con respecto a la responsabilidad de las familias, puesto que recientes estudios, como el Kids Online Chile de UNICEF, han demostrado que si en 2016, en la edad más temprana de los niños, que va entre los 0 y 5 años, solo el 2% tenía acceso a un celular, en 2022 esa cifra había aumentado considerablemente a un 9%; y entre los 6 y 9 años pasó de un 30% en 2016, a un 49% en 2022; fijando la obtención de un primer celular en 2016 a los 11 años en promedio y bajando en 2022 a casi cumplir los 9 años de vida.

Obviamente, que la consecuencia inmediata fue que el uso de los celulares por parte de los niños y jóvenes no quedaría circunscrito exclusivamente a la esfera del entorno de su hogar, puesto que el mismo estudio de Unicef develó que un 31% en 2016 y un considerable 59% en 2022 lo usa casi a diario o diariamente (incluyendo varias veces al día) en los colegios.

Entonces, si el camino más certero para enfrentar la sobreutilización de los celulares al interior de las escuelas pasa por una regulación informada por parte de la comunidad directiva y docente hacia los niños y jóvenes, cabe preguntarse: ¿Qué rol le compete al entorno familiar directo que, como la evidencia señala, entrega tan tempranamente el primer celular a un niño, y que muchas veces a su vez se desentiende de su corresponsabilidad de orientar correctamente su uso en entornos educativos?

Parece ser que lo más fácil es terminar apoyando en encuestas, o redes sociales, medidas populistas de corte autoritario como la prohibición de los celulares al interior de las comunidades educativas.

La presente columna, en cambio, concluye que es fundamental encontrar un equilibrio entre la regulación del uso de celulares en las escuelas y la responsabilidad que les corresponde a las familias en este proceso educativo. Solo a través de un trabajo colaborativo entre ambos entornos se podrá abordar adecuadamente la actual problemática sobre el porte y uso de celulares al interior de nuestras escuelas y liceos.

Crédito de la foto: Agencia Uno