Una joven venezolana enfrentó el desafío de poder permanecer en Chile junto a su familia tras un complejo proceso con el Servicio Nacional de Migraciones.

Su solicitud de residencia temporal estuvo a punto de ser rechazada por no presentar todos los documentos necesarios, incluyendo un certificado que demostrara que estaba estudiando.

A pesar de ser notificada sobre esta falta y recibir un plazo inicial de 60 días hábiles, seguido de una segunda advertencia el 25 de marzo de 2024 y una extensión de 10 días, la joven no cumplió con la entrega de los documentos requeridos.

El 4 de julio de 2024, el Servicio Nacional de Migraciones emitió una resolución basada en el artículo 12, letra E del Decreto N° 177 de 2022, que exigía prueba de estatus de estudiante para permisos de residencia por reunificación familiar.

Al no presentar estos documentos, se dictó una orden de abandono voluntario del país. Este tipo de orden, que difiere de una expulsión obligatoria, le habría permitido a la joven usar recursos de reposición y jerárquico para apelar la decisión, pero no los utilizó.

Ante la posibilidad de tener que dejar el país y la potencial ruptura de su núcleo familiar, la joven optó por presentar un recurso de amparo.

Argumentó que la decisión de hacerla salir de Chile rompería su familia y que eso va en contra de lo que dice la Constitución chilena sobre proteger y fortalecer a la familia como base de la sociedad.

La Corte de Valparaíso revisó su caso y se puso de su lado. Los jueces encontraron que, aunque originalmente no pudo probar su matriculación debido a que había terminado la escuela y aún no comenzaba la universidad, actualmente sí está estudiando.

Además, dado que sus padres están legalmente en Chile y ella depende de ellos, la Corte determinó que forzarla a salir del país sería perjudicial para la unidad familiar.

Con estos argumentos, la Corte anuló la orden de salida y ordenó al Servicio Nacional de Migraciones que le otorgue la residencia temporal.