El debate público de las últimas semanas ha estado marcado por el caso judicial que involucra a Eduardo Macaya Zentilli. Desde su arresto en 2023, el caso ha generado controversia, especialmente por las defensas públicas de su hijo, el senador Javier Macaya (UDI), pero también por los escabrosos detalles de las acusaciones de abuso sexual infantil.

Sin embargo, estas controversias han estallado durante la última semana a raíz de las condenas emitidas. En consecuencia, han proliferado las declaraciones públicas y los análisis que abordan las diversas dimensiones del caso.

En particular, me gustaría centrarme en cómo ha resurgido la temática de la educación sexual. Esto, por dos motivos. Primero, porque he dedicado los últimos años de mi vida a la investigación en esta materia, lo que se ha reflejado en una tesis doctoral finalizada, otra en proceso y la publicación de diversos artículos científicos. Segundo, porque es alarmante el modo en que este tema reaparece, trayendo consigo diversas implicancias sobre las cuales creo que es necesario advertir.

La educación sexual es invocada en este caso bajo el eslogan: "previene el abuso sexual infantil". Una afirmación que es, por lo bajo, imprecisa. Las diversas revisiones sistemáticas desarrolladas en la materia suelen enfatizar este resultado positivo, pero es necesario profundizar en lo que realmente se refieren con ello.

Tomemos, por ejemplo, el artículo “Three Decades of Research: The Case for Comprehensive Sex Education”, que es una de las revisiones más actualizadas y citadas en el campo de investigación. En él, los autores mencionan la prevención del abuso sexual infantil, especificando que se refieren a la adquisición de habilidades y competencias individuales para fomentar el autocuidado y reporte de situaciones abusivas. Las cuales muestran buenos indicadores de desarrollo, pero no hay evidencia directa de que sean útiles para prevenir una dinámica de abuso. Sin embargo, sí son efectivas para la detección temprana de posibles casos.

Ahora bien, nos podríamos preguntar: ¿Cuál sería el problema de esta clase de afirmaciones imprecisas? En primer lugar, reduce la comprensión del abuso sexual infantil a una situación de competencias individuales. El supuesto a la base es que la información sobre límites corporales, conductas adecuadas e inadecuadas y otros elementos permitirán eludir el abuso.

Pero esto ignora la complejidad de las interacciones en las cuales se desarrollan las dinámicas de abuso que, en muchas ocasiones, se desarrollan a pesar del conocimiento de que aquello no está bien.

Al menos esto es lo que se detalla en los marcos planteados desde el perito y la psicología jurídica en relación a lo que se denomina la fenomenología de los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.

En segundo término, esta afirmación también sostiene la idea de que la prevención del abuso guarda lugar con la individualidad y el autocuidado. De tal forma, sí ocurriese una dinámica de abuso, esta sería responsabilidad de la persona por no desplegar sus competencias o bien de quienes han impedido el acceso a su desarrollo.

Siendo la misma retórica que opera en los casos de abuso sexual a mujeres cuando se afirma que pueden ser prevenidos con faldas más largas o sin salir de noche. Dicho de otro modo: es la responsabilización de la persona abusada y la revictimización de su experiencia lo que se encuentra en juego.

En cambio, la tercera problemática asociada ya no es técnica, sino que se mueve en el orden de la historia reciente de la política de educación de la sexualidad en nuestro país. En el artículo “Eso ya se está haciendo: análisis simétrico de la política chilena de educación de la sexualidad” estudiamos el desarrollo del marco legal y sus discusiones entre los años 2009 y 2020.

Uno de los hallazgos es que la educación de la sexualidad siempre aparece en la palestra cuando hay situaciones de una alta conflictividad política y social, destacando: la píldora anticonceptiva de emergencia en el año 2009 y las acusaciones de acoso y abuso sexual en educación secundaria y superior que marcaron el inicio del denominado “Mayo Feminista”.

¿Por qué aparece en este tipo de escenarios? La razón es simple: la educación sexual ha operado como un amortiguador de la conflictividad. Al ser invocada en estos eventos, es prontamente apropiada por la política institucional como un mecanismo para señalar que “eso ya se está haciendo”, que se están tomando acciones.

Esto tiene como efecto directo la disminución de la efervescencia social, redireccionada hacia las controversias propias de un lento y prolongado debate parlamentario que, hasta el momento, ha culminado no solamente en el apaciguamiento de la conflictividad, sino que también en una nula modificación de las condiciones que lleva a la configuración de las demandas iniciales.

De tal manera, las tres problemáticas que logro advertir plantean escenarios que son necesarios de eludir.

También es crucial que nos detengamos a reflexionar sobre el verdadero propósito de la educación de la sexualidad en nuestra sociedad. No se trata de un remedio milagroso que resolverá automáticamente los problemas de abuso, sino de una herramienta que debe ser utilizada con precisión y responsabilidad.

Debemos cuestionar las narrativas simplistas y reconocer la complejidad de las dinámicas de abuso, así como la necesidad de abordarlas desde una perspectiva multifacética y colectiva. Al hacerlo, no solo estaremos promoviendo una educación de la sexualidad más efectiva y realista, sino también contribuyendo a la construcción de una sociedad más consciente y justa.

Crédito de la foto: Agencia Uno