El hotel de los Bolocco y la impunidad de los privados en el Chile actual

El hotel de los Bolocco y la impunidad de los privados en el Chile actual

Por: Álvaro Zavaleta Sahr | 28.07.2024
Es fundamental que el gobierno y la sociedad civil trabajen juntos para cerrar las lagunas legales y asegurar que las leyes se implementen y se respeten adecuadamente. Solo así podremos garantizar un desarrollo sostenible y equitativo en Chile.

¿Todos vimos la noticia de que un edificio de los Bolocco construido ilegalmente intenta continuar con su proyecto? Bueno, la verdadera pregunta es si realmente está bien hacer esto o son solo ellos los privilegiados.

Veamos.

En Chile, la legislación y las políticas reguladoras se han ido actualizando con los años en cuanto a protección medioambiental, obviamente existen ciertas problemáticas en algunas áreas, con algunos problemas más críticos, como aquellos relacionados a derechos de agua o aprovechamiento de los recursos marinos.

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Sin embargo, también existen otros sectores en los que Chile destaca en su protección medioambiental a nivel de regulación, un ejemplo evidente es la promoción de energías renovables.

La baja regulación tiene como mayores beneficiarias a las empresas privadas, y cuanto menor protección observan en un área, mayor es el incentivo para promover ciertas medidas que consigan beneficio económico a costa del medioambiente.

Es importante mencionar que no solamente aprovechan la falta de legislación (algo legal de realizar, aunque pueda criticarse desde la ética de su actuar), sino que también aprovechan aquellos resquicios legales presentes en ciertos sectores no totalmente regularizados.

En estos dos primeros casos el actuar es evidente, la regulación debe mejorar y cubrir aquellos aspectos desregularizados y que merecen mayor protección medioambiental. 

Pero existe un problema de mucha mayor complejidad. Independiente de las diferencias que puedan existir entre diferentes áreas desregularizadas, existen algunas áreas que realmente están bien protegidas en términos de regulación, pero que igualmente encuentran brechas bajo el actuar de las empresas privadas. Estas empresas logran sortear esas barreras y operar fuera de la ley, obrando en función de sus beneficios y sin considerar los daños medioambientales.

Un caso evidente fue el caso de la salmonera Nova Austral, quienes están regulados por la Ley N°21.532, la cual genera la obligación de reportar la respectiva biomasa, mortalidad y cosecha de los salmones. A pesar de sus obligaciones, falsificaron datos ambientales para maquillar el daño ambiental que generaron al producir más peces del máximo autorizado y ocultar eventos de mortandad masiva de salmones.

Otro ejemplo es el caso de la empresa forestal Arauco, que ha sido acusada de expandir sus plantaciones en áreas que deberían estar protegidas. A pesar de la Ley de Bosque Nativo (Ley 20.283), que regula el uso y conservación de los bosques nativos, se han documentado casos donde la empresa ha deforestado áreas de bosque nativo para plantar monocultivos de pino y eucalipto, destruyendo la biodiversidad local.

Otra área crítica es el uso de suelo en zonas protegidas, donde está el ejemplo que nos convoca, la construcción ilegal del hotel Punta Piqueros. Este hotel, propiedad de las familias Said, Urenda y Bolocco, está buscando impedir su demolición resuelta por la Seremi Minvu conforme el artículo N° 157 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

El hotel Punta Piqueros inicia su historia el 2002, cuando el empresario Enzo Bolocco, padre de las famosas animadoras Cecilia y Diana, le compra en 125 millones de pesos el terreno a la Armada de Chile.

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El 2011 comienza su construcción y en mayo de 2013, la Tercera Sala de la Corte Suprema ordenó paralizar las faenas y, además, someter al proyecto a un Estudio de Impacto Ambiental.

Claramente esto no fue bueno para la inversión. Para construir el hotel Punta Piqueros, se dinamitó el peñón Oreja de Burro; una roca sobre el mar que forma un “triángulo de biodiversidad” junto con el campo dunar de Concón y otra roca oceánica.

Esto es un problema no solamente por sus graves daños a la biodiversidad de ese ecosistema, sino también porque cumplía un rol clave contra el cambio climático, disminuyendo fenómenos en el sector tan intensos como las marejadas.

Tras años de batallas legales, a inicios del 2024 se ordenó demoler el hotel localizado en Concón, bajo el argumento de que la construcción no se ajusta al Plan Regulador Comunal y no cuenta con permiso municipal. Con razón, si tal como mencionamos anteriormente, inició su construcción sin ningún permiso ambiental.

Las familias Bolocco, Urenda y Said, impugnaron la decisión del organismo. Así, comenzó un proceso de conciliación ante la justicia, donde se acusa que los titulares del hotel pretenden revivir el permiso de edificación declarado ilegal por la Corte Suprema.

Este tipo de prácticas que se observan en el hotel Punta Piqueros afectan negativamente a la naturaleza, algo que debería ser más protegido por su valor al ecosistema de Chile. Sin embargo, la mayor consecuencia es la destrucción del Estado de Derecho, contribuyendo a la corrupción general del país, legitimando acciones fuera de la ley por beneficio propio. 

Los privados deben asumir una responsabilidad con su actuar, no pueden seguir manteniendo conductas que busquen solamente el maximizar sus intereses a pesar de la ley y la naturaleza, la preocupación por las reglas en sociedades y la naturaleza común son tareas que deben ser pilares de toda institución. Algunos lo han empezado a realizar, otros, se han quedado bastante atrás.

No obstante esta crítica sobre el necesario cambio cultural del mundo privado, igualmente se deben de tomar medidas prácticas para mejorar la protección ambiental del país. Se deben de mejorar regulaciones; ampliar protecciones especiales a recursos naturales y territorios nativos; derogar leyes en las que hubo influencia privada para su construcción, como la ley de pesca, en fin, existen muchas medidas que pueden luchar contra las acciones negativas contra el medio ambiente.

Estos ejemplos destacan la necesidad urgente de una reforma legislativa y una mejora en la fiscalización. Las leyes están en su lugar para proteger los intereses de la sociedad y el medio ambiente, pero cuando las empresas encuentran formas de eludir estas regulaciones, todos salimos perdiendo.

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Es fundamental que el gobierno y la sociedad civil trabajen juntos para cerrar las lagunas legales y asegurar que las leyes se implementen y se respeten adecuadamente. Solo así podremos garantizar un desarrollo sostenible y equitativo en Chile.

Crédito de la foto: Agencia Uno