La Justicia argentina procesó a casi 20 dirigentes de organizaciones sociales por irregularidades en la gestión de fondos entregados para la administración de asistencias sociales durante el Gobierno del peronista Alberto Fernández (2019-2023), según informaron este lunes fuentes oficiales.

De acuerdo a la subsecretaria Legal del Ministerio de Capital Humano, Leila Gianni, el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, fue imputado junto a otros cuatro por "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública" y otros nueve, como partícipes de ese delito, al derivar el dinero a sus agrupaciones políticas.

Otro dirigente fue procesado por administración fraudulenta en concurso con el de "amenazas coactivas" junto a otro como partícipe. Dos más, solo por "amenazas coactivas".

La Justicia también embargó a los procesados y mantuvo las inhibiciones general de bienes.

"Militantes del hambre procesados", que "desviaron fondos de los argentinos para enriquecer sus bolsillos, amenazaron y violentaron a los más vulnerables", exclamó Gianni en su cuenta de X, quien agregó que este procesamiento fue "un gran paso en esta lucha contras las mafias".

El Ministerio de Capital Humano había presentado más de 20 denuncias y había generado más de 100 presentaciones, entre ellos, aportes de pruebas y pedidos a los jueces para que avancen en las causas, según describió Gianni.

A la par, un fiscal pidió la declaración indagatoria el líder de la organización Movimiento Evita, Emilio Pérsico, y exfuncionarios de la Secretaría de Economía Social que ocupaba en el Ministerio de Desarrollo Social de la gestión de Alberto Fernández (2019-2023), tras acusarlo de haber encabezado una "matriz de corrupción" en supuesta connivencia con Belliboni.

Según la acusación, funcionarios de Pérsico permitieron que el Polo Obrero "extorsionara a beneficiarios de planes sociales" y desviara el dinero público recibido a financiar sus actividades partidarias.

Desde que asumió Javier Milei, el 10 de diciembre pasado, el Ministerio de Capital Humano ha denunciado la existencia de irregularidades por parte de las organizaciones sociales, a las que tacha de ser intermediarias que desvían dinero destinado a pobres y desempleados procedente de los planes sociales financiados por el Estado.

El Gobierno afirmó, además, que casi el 50% de los comedores populares que recibían alimentos por parte del Estado no existían.

"Apelamos a que la Justicia actúe con celeridad y que efectivamente imparta justicia", reaccionó este lunes el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en su habitual rueda de prensa en la sede del Ejecutivo.

"Los peores crímenes que se cometieron en Argentina fue, efectivamente, jugar con la comida de los pobres o en tal caso con el asistencialismo", afirmó, y deseó que "paguen caro" los que "jugaron con la dignidad de la gente". EFE.