Crítica al Proyecto de Ley sobre Convivencia Escolar: Más allá de las Intenciones
El proyecto de ley sobre convivencia educativa presentado recientemente, busca abordar las crecientes dificultades de convivencia y los alarmantes casos de violencia en nuestras escuelas. Sin embargo, más allá de sus buenas intenciones, es crucial examinar de cerca sus implicaciones y deficiencias.
En el último año, las denuncias por situaciones de convivencia escolar han aumentado significativamente. Según datos de la Superintendencia de Educación, en 2023 se registraron 17,526 casos, un aumento del 4.9% respecto al año anterior. Este incremento refleja una realidad preocupante donde la violencia y el conflicto son cada vez más frecuentes en nuestras comunidades educativas.
El proyecto propone un marco de gestión en cuatro ejes principales: el rol del Estado, la coordinación institucional, el enfoque pedagógico, y el bienestar de los equipos educativos. Sin embargo, la crítica surge al observar las carencias concretas:
Falta de Recursos Humanos y Financieros: Aunque se establece la figura del encargado de convivencia educativa, no se asignan recursos adicionales para su contratación. Esto plantea la interrogante de cómo se implementará eficazmente sin recursos adecuados.
Saturación de Oficinas y Canales de Denuncia: La propuesta menciona la coordinación con diversas unidades, pero no aborda la sobrecarga actual de las oficinas de protección de derechos ni de los canales de denuncia. ¿Qué sucederá con los estudiantes que necesitan atención urgente en salud mental cuando los recursos ya están saturados?
Exceso de Reglamentación y Judicialización: Fortalecer los reglamentos internos puede llevar a una judicialización excesiva de los conflictos escolares. ¿Estamos creando un ambiente donde cada disputa menor se convierte en un problema legal, en lugar de ser resuelto pedagógicamente?
Aumento de Denuncias: Es alentador ver un enfoque en el bienestar de los equipos educativos frente a las agresiones de estudiantes y apoderados. Sin embargo, existe la preocupación de que el aumento en las denuncias colapse aún más el sistema judicial y desgaste a los propios equipos de convivencia.
En resumen, aunque el proyecto de ley en convivencia escolar tiene el potencial de mejorar nuestras escuelas, es fundamental abordar las deficiencias señaladas. Necesitamos no solo leyes claras y efectivas, sino también recursos adecuados, límites definidos y estrategias que no sobrecarguen ni judicialicen en exceso el entorno escolar.
La verdadera transformación solo será posible con un enfoque equilibrado que promueva tanto la seguridad como el desarrollo integral de nuestros estudiantes y equipos educativos.
