El caso de la defensa del senador Javier Macaya (UDI) a su padre, condenado por abusos sexuales contra menores de edad, nos obliga a reconocer que, pese a los avances para promover que niñas y niños crezcan en entornos libres de violencia, aún existen sectores que no creen que ellas y ellos son sujetos de derechos que merecen ser tratados con dignidad.

El último informe sobre derechos sexuales y reproductivos en Chile de la Fundación Miles, señala que el 93% de los casos de violencia sexual son perpetrados por personas cercanas a la víctima. Por redes sociales y denuncias, hemos conocido testimonios de personas adultas que luego de muchos años han logrado narrar las experiencias de abuso que vivieron siendo menores de edad, y denunciar a sus agresores.

Es por ello que la conducta asumida por el senador Macaya provoca consternación en la sociedad chilena, que espera mejores estándares éticos y un compromiso irrestricto con los derechos humanos por parte de quienes han decidido entrar a la política para ejercer el servicio público, en este caso desde el poder legislativo. 

Además, a través de los distintos espacios en los cuales el senador se ha referido al juicio y sentencia contra su padre, ha abusado de su posición y cargo público para beneficio propio. Insiste en la defensa de su padre desacreditando públicamente a las víctimas, a las que incluso degrada por no ser “nietas” del acusado, como si eso atenuara la gravedad del delito, y las acusa de manipular las pruebas presentadas pues se trataría de “un video que es bastante editado”. 

Con todo esto parecería que el senador se propone amedrentar a otras posibles denunciantes, gracias al poder del que goza para difundir su palabra y denigrar a quienes deben sortear diversas dificultades y trances para que sus testimonios sean escuchados por la justicia y la sociedad.

Pero quizás lo más macabro sea lo que revelan las operaciones de silenciamiento que la propia familia Macaya intentó en el grupo de parientes y cercanos. Pues nos advierte que existen sectores de la sociedad, que hoy están representados en el congreso a través de la UDI, que continúan creyendo que el ámbito de la familia está sustraída de las leyes y la justicia, dejando a niñas y niños indefensos y desprotegidos ante agresiones de los adultos que se supone deben garantizar su cuidado.

Se sigue aquel precepto de que “todo se arregla en familia, en privado, fuera del escrutinio público” para no enlodar al hijo senador, porque incluso hay una jerarquía que respetar, donde las niñas valen menos, y como suele ocurrir, son las más expuestas a denigración y violencia.

Con la renuncia a la presidencia de la UDI el senador cree evitarle una carga a su partido ad portas a las elecciones municipales, pero ya vemos que en esa tienda política, que se ufana de sus profundas convicciones morales, éstas se desvanecen rápidamente según la conveniencia.

La conducta de Macaya, y del propio partido al respaldarle constantemente, nos muestran la verdadera cara de quienes incluso en sus hogares ejercen la desigualdad y el abuso, porque responden a un orden donde hijas e hijos son tratados como propiedad de sus padres y en el cual se burlan del interés superior del niño, porque en esos contextos los menores de edad se supone que no tienen derechos.

¿Estos son los legisladores y gobernantes que queremos?, yo creo que no. Chile se merece más, no podemos defraudar a las víctimas de abuso y violencia sexual, permitiendo que personas como el senador Macaya y quienes lo apoyan, continúen conduciendo gobiernos locales, dictando leyes y desde sus lugares de poder, abusando de sus cargos para beneficio propio.

Crédito de la foto: Agencia Uno