Para inicios de esta semana estaba programado que el gobierno, a través del ministro de la Secretaría General de la presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, presentara el veto aditivo a la reforma electoral que quedó paralizada tras el rechazo del senado al informe de la comisión mixta que resolvió las controversias respecto a la ley que habilita que las elecciones de octubre se desarrollen en dos días. 

Pero hasta ahora, el Ejecutivo no ha presentado tal veto, lo que ha aumentado el nerviosismo en el Congreso debido a los acotados plazos que se manejan para implementar la reforma. 

Además de permitir que la elección se desarrolle en dos días, el proyecto también busca regular la campaña en redes sociales y radios regionales, y acortar el presupuesto por concepto de reembolso de votos a candidaturas. Pero de forma sorpresiva, la reforma quedó en el limbo luego de que la obligatoriedad del voto quedara sin una multa asociada.

Sumado a esto, el factor del voto migrante también provocó discordancias. Elizalde en la comisión mixta planteó que los avecindados en Chile (extranjeros que residen hace más de cinco años en el país) no están obligados a votar según la Constitución, por lo que no se les puede imponer multa si es que no asisten con su sufragio en estas elecciones. 

El planteamiento del ministro provocó molestia en la oposición, sector desde donde acusaron de “cálculo electoral” al gobierno aludiendo a que las personas migrantes tienden a votar por candidatos de derecha. 

Nerviosismo en el Congreso

Ante ese panorama, los dichos de la ministra del Trabajo, Jeannette Jara —que realizó la vocería de esta semana— aumentaron las especulaciones sobre si el gobierno va a presentar o no el veto. 

La ministra aseguró este lunes que “en principio habrá veto, pero el Presidente es quien va a definir en última instancia siempre si lo impone o no, porque es su propia facultad”, sembrando la duda si es que finalmente se utilizará la herramienta constitucional. 

Y aunque el presidente del Senado, José García Ruminot (RN) afirmó que la ministra se puso en contacto con él para aclararle que el Ejecutivo no ha desechado el veto, parlamentarios de oposición y oficialismo han redoblado los llamados para que se haga efectivo lo antes posible el veto. 

Incluso, la jefa de bancada de diputados RN, Ximena Ossandón, advirtió que si no se presenta el veto es posible que se levante una acusación constitucional contra el ministro Elizalde o el Presidente Gabriel Boric. 

“Si el veto no llega, se abrirá la posibilidad de una acusación constitucional contra el ministro Elizalde, e incluso contra el propio Presidente”, dijo la diputada, y agregó: “Me parece impresentable que a estas alturas se nos esté achacando a la derecha este problema. Nosotros apoyamos un proyecto que venía como Mensaje del gobierno, donde el Presidente de la República, en primera instancia, se comprometió a un veto. Nosotros hicimos un acto de fe, incluso dentro de los cinco días legales después de despachar el proyecto al Tribunal Constitucional, confiando en el ministro Elizalde y en el Presidente Boric”. 

Desde el oficialismo, el jefe de bancada de diputados PS, Daniel Melo, afirmó que “es importante que el gobierno cumpla, efectivamente, con su palabra y pueda ingresar durante los próximos días el veto, esperamos, aditivo, a propósito de la elección en los dos días”. 

“Se debe salvaguardar que la votación sea efectivamente obligatoria y para esto el gobierno tiene que establecer una multa para aquellas personas que no ejercen su derecho a voto. Esperamos que sea una multa razonable y esperamos que el gobierno, por lo tanto, pueda acudir a aquello”, acotó.