Aunque el gobierno aún no oficializa el contenido del veto presidencial anunciado para el proyecto de reforma al sistema electoral, tanto la oposición como el oficialismo han hecho llamados el Ejecutivo a solucionar diversos aspectos de la legislación que quedó en el limbo tras el rechazo del Senado al informe de la Comisión Mixta que buscaba destrabar el debate. 

La ley, que en concreto habilita que la votación de octubre se realice en dos días, regula la propaganda en redes sociales y en regiones, y reduce el monto del pago por concepto de reembolso de votos a candidaturas, quedó entrampada en la Cámara Alta debido al factor del voto extranjero.

El ministro de la Secretaria General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, afirmó que, a juicio del gobierno, que era necesario cambiar la palabra “elector” por “ciudadano” en la redacción del proyecto, ya que —a juicio del gobierno— la Constitución de la República no contempla el voto obligatorio para personas “avecindadas” en Chile; es decir, que residan en el país hace más de cinco años pero que no cuentan con la nacionalidad.

El alcance hecho a último momento por Elizalde encendió las alarmas del oficialismo, sector que terminó por hacer caer la ley luego de que la oposición se negara a cambiar el concepto. 

Por el lado de la oposición se reclamó que el gobierno y sus aliados en el Congreso buscaban instalar de facto un voto voluntario para extranjeros ya que este sector del electorado posiblemente votará por la oposición en las elecciones municipales y regionales. 

En ese contexto, tras el rechazo del Senado (que significó que el voto quedara como voluntario al no tener una multa asociada y que los días de votación no sean feriados) es que el Ejecutivo anunció el veto que será de carácter aditivo, o en otras palabras, que le agrega los aspectos que quedaron sin sustento. 

No obstante, desde la oposición se endureció (y bastante) el tono contra el gobierno ante la posibilidad de que el veto no contenga la reposición de multas a ciudadanos extranjeros que no voten. En el lado del oficialismo, se pide al gobierno que el feriado irrenunciable considere los dos días en que se desarrollarán los comicios, idea contraria a las pretensiones de la derecha que alega que una medida así afectaría la economía. 

Chile Vamos endurece el tono

Esta mañana el presidente de la UDI, el senador Javier Macaya, y el secretario general, el diputado Juan Antonio Coloma, realizaron un punto de prensa en el que acusaron al gobierno de buscar hacer una “trampa a la democracia” refiriéndose al voto extranjero. 

“El gobierno lo que está haciendo con este veto es hacerle trampa a la democracia, cambiar las reglas del juego al estilo venezolano-nicaragüense”, dijo Colama a la vez que acusó al Ejecutivo de tener  “un interés particular de evitar” que personas migrantes voten. 

“Son personas que en todas las encuestas están rechazando la gestión del gobierno, precisamente porque muchos de ellos vienen arrancando del hambre de sus países”, dijo el diputado UDI. 

En esa línea, Macaya advirtió al gobierno que con esto “quedan completamente fracturadas todas las confianzas” refiriéndose a otros debates en que el Ejecutivo necesita acuerdos con la derecha para conseguir votos. 

Por su parte, el presidente de RN, el senador Rodrigo Galiela, acusó al gobierno de “traspasar una línea muy delicada, hay algo básico en los países democráticos que no es cambiar las reglas electorales próximas a una elección”. 

“A propósito de una discusión muy puntual, que era la votación en dos días, el gobierno se ha aprovechado, de una manera extremadamente negativa, para cambiar las reglas electorales del juego. Esto no es una cuestión menor. El presidente Boric siempre se había preocupado de mantener distancia con las malas prácticas que ocurren en Venezuela en cuestiones electorales. Y esta vez está cayendo en lo mismo; negar algo que está en nuestras Constitución que el voto es obligatorio. Quitar las multas es transformar el voto en voluntario”, emplazó Galilea. 

Oficialismo aboga por feriado irrenunciable

Con menos ímpetu, pero con la misma diligencia, parlamentarios del oficialismo buscan que se reponga el feriado de carácter irrenunciable que quedó como “normal” tras la negativa de la oposición de conceder ambos días como irrenunciables.

Los diputados Juan Santana (PS), Luis Cuello (PC), Camila Musante (IND-PPD) y Andrés Giordano (FA) arribaron hasta La Moneda este lunes para solicitar a Elizalde que en el veto presidencial se considere reponer esta medida. 

“Estamos preocupados por una indicación que se presentó por parte de Senadores de la oposición y que fue aprobada, que suprime el derecho al feriado legal irrenunciable para de miles de trabajadores, lo que que constituye un perjuicio tremendo para la labor que tiene el Estado de incentivar y garantizar efectivamente la participación en estos comicios. Esperamos que esto permita no retroceder en un derecho que los trabajadores han ganado a través de sus luchas y que permite que todas las personas en nuestro país puedan asistir a votar tranquilamente”, señaló Juan Santana (PS), miembro de la Comisión de Trabajo de la Cámara.

Por su parte, el jefe de bancada de diputados PC y presidente de la Comisión de Trabajo, diputado Luis Cuello (PC) comentó: “Nosotros hemos planteado también que esta norma tiene bastantes vicios de inconstitucionalidad, pero lo más importante es que afecta el principio de no regresividad, el principio de progresividad de los derechos sociales y por lo tanto nos parece que es importante que el gobierno atienda esta preocupación que hemos formulado y el ministro se ha comprometido a estudiar nuestra solicitud de incorporar en el veto”.

La diputada Camila Musante (Independiente-PPD) sostuvo que “la cruda realidad es que en tres horas los trabajadores no alcanzan a trasladarse desde sus lugares de trabajo hacia sus locales de votación, sobre todo en regiones la Metropolitana, donde de un extremo a otro el transporte y la locomoción pública tardan muchísimo más de tres horas en días de elecciones. Así es que ojalá que esto se pueda reponer, porque si no, no vamos a poder celebrar la fiesta de la democracia sin los trabajadores y trabajadoras del comercio”.