Continúan las repercusiones de la filtración del chat del abogado Luis Hermosilla que hoy vinculan a los magistrados de la Corte Suprema con un eventual tráfico de influencias y lobby para sus nombramientos como ministros del máximo tribunal.

Por decisión de su presidente, Ricardo Blanco, se constituyó la comisión de ética de la principal entidad judicial del país con el propósito de abrir una investigación administrativa para determinar las responsabilidades de algunos de los integrantes en esta arista.

Se trata de los jueces Ángela Vivanco, María Teresa Letelier, Jean Pierre Matus y Mario Carroza, quienes fueron notificados de esta postura en la sesión de un pleno extraordinario llevado a cabo en el Palacio de Tribunales de Santiago y que estarán bajo las diligencias que realizarán el mismo presidente Blanco y las magistradas Gloria Ana Chevesich y Andrea Muñoz en el marco de la comisión.

La respuesta de los Supremos

Al respecto, el juez Matus aseguró que los mencionados mensajes vía WhatsApp con el abogado Hermosilla "son falsos" y que el comité de ética debería declararse incompetente en su caso. "Yo no era ministro de esta corte, no era funcionario judicial. Y por lo tanto, esta Corte no tiene ninguna competencia para conocer de actuaciones que no son de los miembros del Poder Judicial", declaró.

De la misma forma, la suprema Vivanco también objetó a la comisión: "Con fecha 10 de julio e instada a firmar como notificada del presente documento, me niego a hacerlo, mientras no se me indique el ámbito temporal y espacial de la referida investigación y a qué mensaje se refiere".

En tanto, la ministra Letelier indicó que fueron notificados que estaba constituida la comisión de ética y que está a disposición de la Corte. "El que nada hace, nada teme (...) Es un nombramiento que al final es político, estamos en un poder del Estado donde los poderes se tienen que poner de acuerdo", agregó.

Pero este caso de supuestos tráficos de influencias al interior del tribunal más importante del sistema judicial podría mostrar algo más profundo, y es que de acuerdo al estudio LCN Investigación Estratégica, encabezado por el analista político, Alberto Mayol, jueces y fiscales son los peores evaluados por la ciudadanía con una nota promedio de 3,3 en el ámbito de la probidad.

Esta crisis de confianza en el Poder Judicial, plantean algunos expertos, puede motivar no solo cambios en el sistema político sino también una eventual reforma procesal que abarque el procedimiento a través del cual se nombran a los archiveros, notarios y jueces de la República.

Volver a confiar en el Sistema Judicial

Para el director del equipo técnico de la Reforma Procesal Penal, de la Ley Orgánica del Ministerio Público y de las Clínicas Jurídicas de la UDP, Cristian Riego, hay cuestiones que ocurren en los tribunales de justicia que son muy criticables y que efectivamente es correcto que la población esté preocupada y desconfíe y exija que se corrijan. "Pero por otra parte hay también una cierta exageración", sugiere.

"O sea, Chile es un país que dentro del contexto de América Latina tiene uno de los poderes judiciales más sólidos y con menores niveles de corrupción, con menores niveles de dependencia de los jueces de la política, por ejemplo, o de otros intereses, y sin embargo aparecen siempre como los peores evaluados. Entonces ahí hay una parte que es verdad y otra que es una percepción", comenta.

Consultado por las principales falencias que él observa, el experto dice que "el sistema de designación está en una crisis, yo diría, muy muy aguda. Porque se ha metido el tráfico de influencias, se ha perdido la perspectiva del mérito. Hoy día las asignaciones obedecen a intercambios de favores, algunos ministros comprometen sus votos antes de haber revisado la trayectoria de los candidatos...".

Para resolver el problema, Riego propone que "lo fundamental es volver a un sistema en el cual se establezca, con toda claridad, el mecanismo para garantizar que las designaciones van a ser resueltas por mérito".

"Por ejemplo, estableciendo reglas de inhibición respecto a los parientes, los amigos, prohibiendo las reuniones privadas, que todos los jueces que van a votar por un candidato conozcan la misma información pero prohibiendo otras formas de contacto colaterales y poco transparentes que se dan por fuera", sostiene.

"Son reglas bastante básicas como las que tienen lugar en cualquier tipo de concurso, pero que en Chile se han perdido de vista... Se ha transformado en una cosa que pareciera ser más bien como una oportunidad para hacerle favores a amigos, o de asegurar sus propios intereses. Intercambian un favor que el día de mañana se puede devolver", critica el abogado.

Además, agrega que "los jueces no son elegidos, entonces la única fuente de legitimidad de sus decisiones es el procedimiento que utilizan, que tiene que ser muy estricto".

"Por lo tanto, sería bueno establecer una regla, que existe muchos países del mundo pero que en Chile no, que establece que en materia judicial los jueces solo pueden conocer de los casos a través de las instancias previstas en la ley y en la audiencia de lectura de documento. El mismo principio debiera aplicarse para las designaciones", enunció.

Los notarios y la enorme cantidad de recursos

De acuerdo al profesor de derecho, un elemento especialmente contaminante ha sido la asignación de los notarios debido a los muchos recursos que hay en juego. "Cuando ya se mete la designación del notario, ahí entra la capacidad de manejar recursos, de hacer favores de una magnitud muy alta", manifiesta.

"Vemos que algunos jueces ya no solo trafican influencias para lograr que sus amigos o que ellos mismos asciendan, sino que en algunos casos asumen la promoción del notario y eso significa la promoción de intereses económicos bastante importantes", formula.

A su vez, analiza que los notarios se involucran en el intercambio de favores "como contratar a sus parientes, porque tienen una enorme cantidad de recursos muy superior a la que tienen los jueces (...) Yo diría que ha exacerbado el problema del tráfico de influencia introduciéndole niveles de recursos que lo llevan a una situación muy extrema".

¿Es necesaria una reforma procesal?

"Yo desconfío un poco de las macro reformas, porque a veces se mantienen en un nivel muy teórico, como las que se propusieron en las constituciones (...) Me parece que hay muchas posibilidades, pero todavía no tenemos claro, en la discusión pública, qué es lo que se pretende lograr y qué es lo que se pretende evitar. Falta de maduración esta misma pregunta", cuestiona el impulsor de la Reforma Procesal Penal.

El también director de la Ley Orgánica del Ministerio Público agrega que "podría ser una reforma legal, podrían ser incluso normas que la propia Corte Suprema dictara en virtud de sus facultades y que establecieran estos principios y los métodos para cautelar, a mí no me parece que sea algo tan complicado".

"Cualquier método tiene que estar orientado exclusivamente a la búsqueda y nombramiento de los mejores jueces para el país, ningún otro objetivo es legítimo y aceptable, ni la autopromoción ni nada más. O sea, tiene que ser un concurso transparente en que hagamos todo lo posible para que gane el que está más calificado. Eso es un principio fundamental", expresa.

Sobre el diálogo con otros poderes del Estado, Riego propone "intervenir solamente en aquellos casos en los cuales se trata de nombrar jueces que tienen facultades más amplias que la mera interpretación de la ley, por ejemplo los jueces de la Corte Suprema, en que hay una cierta facultad de interpretar la Constitución y eso tiene un contenido más político".

Postura oficial de la Corte

La vocera del Alto Tribunal, María Soledad Melo, explicó que en primera instancia, Adelita Ravanales integraría el comité de ética para revisar el caso. No obstante, se la inhabilitó del tema ya que tendría una relación cercana con la magistrada Vivanco, por lo que en su reemplazo asumió la ministra Andrea Muñoz.

Asimismo, detalló que "hoy día terminamos tranquilos. Cada uno a su sala, a hacer su trabajo, respaldando como siempre a nuestro presidente que es lo que corresponde. Porque fue elegido por unanimidad, y él mantiene el liderazgo que corresponde también a una institución como es la Corte Suprema".