En 1984, durante una manifestación en la avenida Grecia de Ñuñoa, un trágico evento sacudió a la comunidad.

Según se puede apreciar en el fallo judicial, un joven de 20 años, estaba junto a sus amigos observando los acontecimientos cuando, de repente, una bala disparada desde un auto en movimiento le impactó en la cabeza, causándole la muerte.

El caso ha permanecido en los tribunales por años, y recientemente la Corte Suprema ha emitido un fallo importante.

Esta corte ha condenado a dos exmiembros de Carabineros por su involucramiento en el asesinato de este joven.

Ricardo Humberto Ascencio Oyarzo, el exsuboficial acusado de disparar el arma, ha sido sentenciado a 5 años y un día en prisión.

Pedro Nolasco Bobadilla Jara, entonces oficial, fue condenado a 3 años de prisión, con la posibilidad de cumplir su condena en libertad condicional, por su rol en encubrir el crimen.

La decisión de la Corte Suprema revocó un fallo anterior de la Corte de Chillán, que había sido más favorable a los acusados.

La Suprema determinó que el acto fue premeditado y ejecutado con una ventaja injusta, asegurando que no había posibilidad de defensa para la víctima, lo que califica el crimen como homicidio calificado, es decir, uno cometido con alevosía.

Además, la Corte ordenó que el Estado pague $40.000.000 como compensación por el daño moral a la hermana de la víctima, reconociendo así el sufrimiento prolongado causado a la familia de este joven.