Un conflicto entre una estudiante y la Universidad de Concepción ha llegado a su fin con una decisión de la Corte Suprema.

La estudiante buscaba obtener ciertos certificados académicos necesarios para completar su proceso de convertirse en abogada, pero había un problema: la universidad no se los quería dar porque ella debía dinero.

Todo comenzó cuando la estudiante pidió a la Corte de Chillán que interviniera, argumentando que era injusto que la universidad le negara los documentos solo por tener deudas.

Inicialmente, la Corte de Chillán estuvo de acuerdo con ella y pidió a la universidad que entregara los certificados.

Sin embargo, esta decisión fue llevada a la Corte Suprema para una revisión final.

En la apelación, la Universidad de Concepción mostró pruebas de que ya había entregado los documentos antes de que la Corte de Chillán diera su veredicto, incluyendo el certificado de grado y otros documentos importantes como las notas y la conducta de la estudiante.

Con esta nueva información, la Corte Suprema cambió la decisión inicial y rechazó el recurso de protección de la estudiante, explicando que, como la universidad ya había dado los documentos, no había razón para seguir con el caso.

Según la Corte, no se había violado ningún derecho de la estudiante ya que los certificados fueron entregados de manera adecuada.