Hace un año, el 6 de julio de 2023, se lanzó la Política Nacional de Migración y Extranjería (PNME) cuyo objetivo es promover una migración ordenada, segura y regular (ver aquí). Es primera vez que el país cuenta con una política de Estado que entrega lineamientos para abordar la movilidad humana en Chile, que debiese evitar que las políticas migratorias cambien según sea el signo político de los gobiernos de turno.

Aunque la PNME de manera transversal considera cuatro enfoques -derechos humanos, género, interculturalidad e infancia-, es otro el tema que se repite a lo largo del texto: la seguridad y el control de fronteras.

Esta mirada privilegia un tipo de seguridad que se sustenta en la presentación de proyectos de ley y medidas inmediatas en torno a la aceleración de los procesos de expulsión, la militarización de las fronteras y la criminalización, en particular, de la migración irregular que, especialmente en el caso de niñas y mujeres, expone aún más a situaciones de violencia de género y tráfico o trata de personas.

El énfasis en la seguridad nacional en el abordaje de la movilidad humana se profundiza y transversaliza, independientemente del color político, y así es como algunas autoridades y medios de comunicación persisten en hablar de migrantes ilegales, cuando desde los derechos humanos no existen personas legales o ilegales.

Más aún, se mantiene la vinculación entre delincuencia y migración, culpando a toda una comunidad por los delitos del crimen organizado transnacional.

Lamentablemente esta mirada securitista y criminalizadora hacia la migración merma o anula cualquier esfuerzo que tienda a la promoción de los derechos humanos de las personas migrantes o a la inclusión del enfoque de género en las políticas migratorias, sobre lo cual quisiéramos ahondar brevemente.

Destacamos que en la PNME se expliciten sujetos de especial protección como mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad o víctimas de tráfico y trata de personas y que el Estado tenga un trato especial con ellos, no obstante, en la práctica esto dista de cumplirse.

En enero del año pasado, distintas consejeras del Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) del Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) ya alertaban sobre el nulo avance y desconocimiento sobre el otorgamiento de visas a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, comúnmente llamadas visas VIF, lo que contravenía distintos instrumentos internacionales ratificados por Chile, como la Convención Belém do Pará (ver aquí).

A pesar de los esfuerzos por fomentar políticas enfocadas en disminuir las brechas de género en el país, la aprobación de visas por razones humanitarias, entre ellas la otorgada por violencia intrafamiliar o de género, sólo fueron tres, según datos a noviembre del 2023 (ver aquí). Esto contrasta con la experiencia de las organizaciones sociales y feministas que acompañan a mujeres y disidencias sexo-genéricas migrantes, que coinciden en que este número está muy por debajo de los casos o situaciones de violencia que vive la comunidad migrante en el día a día.

Aunque es destacable que ahora SERNAMEG (Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género) -y no solo los Tribunales de Justicia- puede acreditar el estatus de víctima de violencia intrafamiliar o de género, la burocracia es tal, que la protección de las víctimas se pierde en los laberintos de papel. Esto lleva a que no se cumpla efectivamente con el anuncio de una regularización expedita para ellas, tal como lo señala la PNME.

Por otro lado, si bien la creación de la unidad de género en el SERMIG es un avance para la transversalización del enfoque de género, sorprende que la PNME sea marcadamente binaria al solo referirse a la desigualdad entre hombres y mujeres. Sería de gran utilidad que se levantase un análisis interseccional de las visas y permisos de residencia solicitados, que comprendiera las especificidades de la comunidad de mujeres y disidencias sexo-genéricas migrantes y refugiadas en el país.

No hay datos sobre orígenes étnicos y raciales, si pertenecen a la comunidad LGBTIQN2, cuál es su idioma materno, entre otras variables que se debieran integrar para construir una matriz de datos que permita levantar políticas y mecanismos que propendan a una vida libre de violencias.

Otro de los temas que no se incluyó en la PNME fue la situación de la comunidad de disidencias sexo-genéricas migrantes y refugiades. Es primordial que se incorpore la categoría de sexilio (ver aquí) o la migración o desplazamiento por violencia basada en discriminación por ser lesbiana, gay, bisexual, trans o no binarie. Esta categoría sigue quedando fuera de los marcos jurídicos para el reconocimiento de refugio.

Es preciso mencionar que las personas trans o no binarias migrantes en proceso de regularización quedan fuera del reconocimiento de cambio de identidad por no poseer su residencia definitiva, debido a la lentitud de los procesos de regularización que toman desde tres a cinco años, o más. Por tanto, estas personas quedan expuestas a múltiples violencias institucionales por no tener el cambio legal de nombre.

Por último, nos preguntamos: ¿cómo se puede concretar el enfoque de género declarado en la PNME si la seguridad nacional es la que mandata las políticas migratorias? ¿Cómo pueden ser prioridad las niñas, mujeres y disidencias sexo-genéricas migrantes y refugiades si continuamente se les criminaliza y su regularización no es expedita?

Autoras de la columna: Mabel Cobos Fontana, coordinadora programa de Migraciones y Movilidad Humana del Observatorio Ciudadano, y Jenn Piña Molina, equipo programa de Migraciones y Movilidad Humana del Observatorio Ciudadano y representante Brigada Migrante Feminista.

Crédito de la foto: Agencia Uno