En una reciente decisión en relación al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), la Corte Suprema ha dado luz verde a un procedimiento de evaluación de dos de sus miembros.
La directora, María Consuelo Contreras, y el consejero Francisco Ugás, están ahora bajo la lupa tras una resolución emitida el lunes 8 de julio, que responde a una petición de remoción presentada por un grupo de diputados.
La controversia surgió a partir de una querella impulsada por el INDH, que ha levantado cuestionamientos sobre presuntos actos de tráfico de influencias relacionados con nombramientos judiciales.
Este episodio ha provocado un amplio debate y una respuesta decidida por parte de la Cámara de Diputados, que con 66 votos a favor, respaldó la moción el pasado 3 de julio, exigiendo un análisis detenido de las acciones de Contreras y Ugás.
Según la Corte Suprema, el proceso se ajusta a los parámetros de la Ley N° 20.405, que regula las actividades y la estructura del INDH.
El organismo judicial ha solicitado formalmente a los funcionarios implicados que presenten un informe exhaustivo en un plazo no mayor a 15 días hábiles, para esclarecer las acusaciones y fundamentar su defensa.
