Desde el año 2007, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha comenzado a pronunciarse y vincular la relación entre la migración, el medio ambiente y el cambio climático. En 2017, esta entidad realizó un estudio en una localidad chilena para investigar si había migraciones por causa de la degradación ambiental.

La investigación señala que hubo un desplazamiento de 5 mil personas en la localidad de Monte Patria, ubicada en la región de Coquimbo entre los años 2006 y 2016. Esta se convierte en la primera zona en Chile declarada como un área con migrantes climáticos. Los motivos se deben principalmente a los efectos del cambio climático, la actividad productiva y la gestión del recurso hídrico.

En el caso de Monte Patria los campesinos de subsistencia, al ver la imposibilidad de trabajar por la carencia de derechos de aprovechamiento del recurso hídrico en comparación a otros grupos de la población, emigraron en búsqueda de nuevas oportunidades laborales, dependiendo de la cercanía geográfica, por lo que la minería, suele ser la nueva alternativa para la mayoría de agricultores.

Pese a lo expuesto, existe otro grupo de personas que no tiene la posibilidad de migrar y/o deciden quedarse por el apego a su localidad, los cuales han sido denominados como “atrapados climáticos”, es decir, aquel grupo de personas más vulnerable de la población, las cuales tienden a ser mujeres, que en este caso, es el 50% de habitantes, y la tercera edad, que representa alrededor de un 13% de la localidad, según el censo del 2017.

Lo expuesto no solo evidencia cómo un problema ambiental desencadena, a su vez, en un conflicto cultural, sino como el cambio climático -en conjunto de la desigualdad frente al acceso de los recursos naturales-, inhabilita a un porcentaje de la población a vivir en su localidad, y establece que quienes se quedan tengan condiciones de vida más precarias por la falta acceso.

Pese a que, hasta el momento, Monte Patria es la única localidad que se ha estudiado este tipo de migraciones, esto no significa que sea la única. ¿No son las zonas de sacrificio puntos de despojo y destrucción ambiental? ¿no ha sido Petorca una localidad renombrada a causa de los problemas hídricos? O ¿nos hemos olvidado de los 383 mil hogares rurales que se abastecen por medio de camiones aljibes?, medida que supuestamente comenzó como una solución temporal.

Hasta la fecha hay 194 comunas en crisis hídrica, y aunque se ha establecido un discurso sobre el cambio climático como responsable de los problemas hídricos, un informe de la Fundación Chile de 2019 señala que el principal problema con respecto al agua es la gestión y gobernanza, es decir, en relación a efectos administrativos y políticos del recurso hídrico.

En el país existen 55 organismos que regulan el agua, por lo que muchas veces la coordinación entre ellos es ineficiente; continuamos con el legado de un Código de Aguas fundado durante de la dictadura militar; y si a todo eso le agregamos que el gasto anual destinado al recurso hídrico es solo del 1%, hoy debemos preguntarnos: ¿qué prioridad tiene construir soluciones a largo plazo frente a los problemas hídricos? ¿Y cómo seguirá repercutiendo en la calidad de vida de las personas?

Chile está en el puesto 18 de "estrés hídrico alto" en el mundo, siendo el primero en América Latina. Se estima, según el Banco Mundial, que para 2050 habrá 17 millones de migrantes en el mismo continente. Vale preguntarse cuántos de ellos serán residentes de nuestro país, cuáles serán las medidas de protección que tomaremos, y si los organismos estatales podrán solventar la degradación ambiental generada por el sistema extractivista que heredó -y mantiene -Chile desde los años 80's.

Autora de la columna: Manuela Espinoza, periodista y comunicadora social

Crédito foto: Manuela Espinoza (Monte Patria, 2023)