A las 15 horas del miércoles 19 de junio estaba citada una nueva sesión de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde se discute la nueva norma que busca reemplazar a la conocida como Ley Longueira. Una instancia que empezó de forma habitual con la presentación del subsecretario de Pesca, Julio Salas, y la discusión sobre las indicaciones del Ejecutivo y parlamentarios.

Todo normal, hasta que alrededor de las 15:30 un reportaje de CIPER fue hecho público y rápidamente empezó a circular entre los parlamentarios. Un trabajo periodístico que daba cuenta que 211 indicaciones presentadas por los diputados de oposición Sergio Bobadilla (UDI), Bernardo Berger (RN) y Cristián Moreira (UDI), eran idénticas a un informe técnico jurídico de la gremial empresarial Sonapesca que agrupa a 11 asociaciones pesqueras, entre ellas a Corpesca.

El diputado Diego Ibáñez (CS) fue uno de los primeros en tomar la palabra, refiriéndose a la publicación como un hecho grave que confunde el proceso legislativo. La diputada Daniella Cicardini (PS) secundó sus palabras, señalando la seriedad del reportaje y la necesidad de entender cómo, a pesar de los precedentes de corrupción, se presentaron indicaciones idénticas a un informe jurídico.

Suspender sesión

La situación escaló cuando el diputado Leónidas Romero (REP) sugirió suspender la sesión y exigió conocer los nombres de los parlamentarios mencionados en el reportaje, preguntando si él estaba entre ellos. Por su parte, Daniel Manouchehri (PS) intervino para hablar de una “doctrina Longueira-Orpis”, aludiendo a la gravedad de los hechos y la posibilidad de una investigación penal. Propuso retirar las 211 indicaciones y suspender la tramitación de la ley hasta esclarecer los hechos.

Por otro lado, el diputado Sergio Bobadilla (UDI) defendió la transparencia del proceso, recordando que en una sesión anterior se había informado sobre un informe técnico jurídico de Sonapesca, realizado por la Consultora Acuiestudios. Aclaró que las organizaciones y personas particulares no pueden ingresar indicaciones directamente, siendo responsabilidad de los parlamentarios y el Ejecutivo acoger algunas de estas propuestas y convertirlas en indicaciones.

A su vez, Matías Ramírez (PC) cuestionó la relación de Sonapesca con organizaciones investigadas por la Ley Longueira y pidió que los antecedentes se presentaran ante el secretario de la corporación para su remisión al ministerio público. La diputada Carolina Tello (Ind.) expresó su preocupación, especialmente en lo referente a las indicaciones sobre equidad de género e interseccionalidad, y apoyó la idea de remitir los antecedentes a la Comisión de Ética de la Cámara.

Nuevamente la corrupción

El subsecretario Salas intervino para recalcar la importancia de una nueva ley de pesca, dada la historia de corrupción de la actual norma. Mientras tanto, el diputado Brito destacó la recepción de más de 200 audiencias de todos los actores de la pesca y se mostró a favor de suspender la votación hasta obtener claridad sobre las indicaciones en cuestión.

La diputada María Candelaria Acevedo (PC) enfatizó la importancia de la probidad administrativa y la diputada Consuelo Veloso (Ind.) junto con Tello solicitaron la nulidad de la norma actual, dada la sombra de dudas que ahora pesa sobre la tramitación del proyecto de ley.

Mientras que el diputado Bobadilla propuso que la secretaría analizara las indicaciones de todos los parlamentarios y del Ejecutivo, para determinar si corresponden a disposiciones recogidas de otros insumos enviados a la comisión. El diputado Brito, por su parte, hizo un llamado a la decencia, diferenciando las propuestas de actores que protegen el interés público de aquellas de una “industria extractivista”.

Acuerdos

Finalmente, en decisión unánime, la comisión acordó suspender la tramitación del proyecto de ley hasta que se identifiquen claramente las 252 indicaciones en cuestión.

Además, se decidió enviar los antecedentes tanto a la Comisión de Ética como a la Secretaría General de la Cámara, con la particularidad de que los diputados Ramírez y Berger se abstuvieron de votar por ser miembros de la Comisión de Ética.

También se resolvió por unanimidad remitir los antecedentes al Ministerio Público para su debida investigación. En cuanto a la tramitación del proyecto de ley, se acordó darle urgencia y solicitar al Ejecutivo que mantenga esta prioridad en la agenda legislativa.

Por último, se fijó el 28 de agosto como la fecha límite para que el proyecto sea presentado en la Sala, decisión que fue apoyada por la mayoría con seis votos a favor, tres en contra y una abstención.