El 13 de junio de 2022, el gobierno actual anunciaba con marcada esperanza la publicación en el Diario Oficial de la ley N° 21.455: Ley Marco de Cambio Climático (LMCC). La norma veía la luz luego de dos años de tramitación y cerca de seis años de discusión sobre su creación.

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En esta oportunidad nos preguntamos ¿Cómo ha avanzado la gestión climática en nuestro país al alero de esta regulación marco? Para eso, revisemos algunos datos.

La LMCC mandata la elaboración de 23 reglamentos, de los cuales 20 dependen del Ministerio del Medio Ambiente. El plazo para dictar dichos reglamentos es de un año, tal como establece el Artículo Tercero Transitorio de la misma norma.

El Ministerio del Medio Ambiente agrupó los reglamentos a elaborar en cinco categorías: orgánicos, procedimentales, sistemas de información, sistemas de compensación de gases de efecto invernadero (GEI) y normas de emisión de GEI y forzantes climáticos de vida corta (FC). Hasta la fecha de redacción de esta columna, tristemente, sólo uno ha sido publicado.

Por otro lado la Ley Marco crea o ratifica diversos instrumentos de gestión climática: la contribución determinada a nivel nacional (NDC), los Planes Sectoriales de Mitigación (PSM) y de Adaptación (PSA), los Planes de Acción Regional de Cambio Climático (PARCC) y los Planes de Acción Comunal de Cambio Climático (PACC).

Respecto a los Planes Sectoriales de Mitigación y de Adaptación, el plazo establecido en la ley para su elaboración es de dos años desde la publicación de la misma (Art. Segundo transitorio). Solo el Ministerio de Agricultura con su Plan Sectorial de Adaptación ha cumplido dicho plazo.

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Y, ¿Cómo vamos en cuanto al cumplimiento de metas? El artículo 1 de la Ley Marco fija como meta alcanzar y mantener la carbono neutralidad a más tardar el año 2050, adaptarse al cambio climático reduciendo la vulnerabilidad y aumentando la resiliencia a los efectos del cambio climático.

Respecto a la meta de reducción de emisiones, si bien no existen herramientas, datos o reportes oficiales sobre cómo va el cumplimiento de dicho objetivo, tenemos información proveniente del Centro de Energía de la Universidad de Chile, desde el Observatorio Carbono Neutralidad. Dicha plataforma indica que, si bien se evidencia una disminución en las emisiones, las estimaciones sugieren que es "poco probable que se cumplan las metas", proyectando al 2030 "emisiones 7% mayores a la meta".

Si las proyecciones hacia la carbono neutralidad son poco alentadoras, el análisis de las metas en materia de adaptación y resiliencia tampoco es mucho mejor. A dos años de la publicación de la Ley Marco no vemos avances públicos en una definición concreta de adaptación, o la determinación de responsabilidades nacionales, sectoriales regionales, así como tampoco medidas o proyectos para aumentar la resiliencia climática.

Este retraso puede ser gravitante, pues nuestro país es altamente vulnerable a la crisis climática y ecológica. No llegar a tiempo con una ley efectiva, y políticas públicas concretas en materia de adaptación, nos llevará tristemente a asumir las consecuencias: pérdidas de formas de vida, y, peor aún, vidas humanas y sociedades completas, como ya se está viendo en otros países alrededor del mundo.

Ante esto, no queda más que ver con alarmante preocupación el incumplimiento en la dictación de reglamentos que son fundamentales para ejecutar e implementar la ley. Con similar inquietud miramos el retraso de las diversas autoridades sectoriales en sus planes, alargando la implementación de soluciones reales y urgentes para reducir las emisiones y contaminación local, así como aumentar la resiliencia.

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Un triste cumpleaños que interpela a la urgencia y la acción, a dejar de lado la burocracia y a movilizar los recursos en pos de que el mayor hito en nuestra política climática sea real y no mera letra muerta. Porque lo necesitamos hoy y ahora. Y más que nunca.