En Valdivia, una disputa surgió después de que una madre denunciara en marzo de 2024 actos de bullying contra su hijo en un colegio local, sucesos que habrían ocurrido en agosto del año anterior.
Aunque el colegio activó el protocolo escolar correspondiente, la madre, insatisfecha con el procedimiento, decidió retirar a su hijo del establecimiento al día siguiente.
El 28 de marzo, la madre aumentó la visibilidad del conflicto al hacer una publicación en Facebook, etiquetando al colegio y adjuntando un video que mostraba a los niños involucrados.
Esta publicación no solo atrajo la atención dentro de la comunidad escolar sino que también motivó la realización de más publicaciones bajo otro nombre, amplificando el alcance y el impacto de su queja.
El contenido compartido por la madre generó un debate entre otros apoderados del colegio, quienes cuestionaron por qué no se había expulsado a los niños acusados de ser los agresores.
Además, algunos comentarios en línea comenzaron a incitar a la violencia contra los funcionarios del colegio y los padres de los niños señalados en el video. Un medio de comunicación local se hizo eco de estas publicaciones, ampliando aún más su difusión.
El 10 de abril, la situación escaló cuando la madre lideró una manifestación que afectó el funcionamiento normal del establecimiento educativo.
Esta serie de eventos llevó al colegio a presentar un recurso de protección, argumentando que las acciones de la madre afectaban gravemente su prestigio y alteraban el ambiente educativo.
La Corte de Apelaciones de Valdivia intervino en el asunto, evaluando los derechos en conflicto: la libre expresión de la madre y la protección de la reputación del colegio.
La corte decidió a favor del colegio, resolviendo que aunque la madre tenía derecho a expresar su preocupación, la forma en que lo hizo—especialmente a través de publicaciones que incitaban comentarios disruptivos y violentos—excedió los límites aceptables.
Ordenaron la eliminación de las publicaciones para preservar la honra del colegio y mantener la paz dentro de la comunidad escolar.
Sin embargo, la ministra Piñeiro disintió, argumentando que las acciones de la madre no justificaban una medida cautelar.
Piñeiro señaló que si el colegio creía que había sido cometido algún delito o causado un daño mayor, existían otros medios legales más adecuados para resolverlo.
