La Corte Suprema ha reafirmado los derechos de una trabajadora embarazada al desestimar un recurso presentado por la cadena de supermercados Santa Isabel, confirmado por una sentencia que condena a la empresa por despido injustificado y discriminación.

Según consigna el fallo judicial, la empleada, quien trabajaba en Antofagasta, notificó a su empleador en agosto de 2023 su embarazo, mostrando un certificado médico que confirmaba su estado.

Su fecha de parto estaba programada para el 22 de mayo del año siguiente, otorgándole protección hasta el 17 de agosto de 2024. Sin embargo, enfrentó dificultades significativas en su lugar de trabajo que culminaron en un despido inapropiado.

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Además, se agrega en el fallo judicial que ll 31 de octubre, mientras se encontraba en su turno, comenzó a sentirse mal y sufrió un sangrado abundante, un signo alarmante durante el embarazo.

A pesar de la gravedad de su situación, su supervisora se negó a permitirle dejar su puesto para buscar atención médica, lo que la obligó a continuar trabajando bajo condiciones de estrés y malestar físico.

Este mismo día, fue falsamente acusada de complicidad en un intento de robo por un guardia de seguridad del supermercado, después de que una clienta involucrada en un incidente de robo se identificara erróneamente con ella.

Después de ser acusada, fue detenida y retenida durante varias horas antes de ser llevada a la comisaría y, posteriormente, al hospital debido a su grave estado de salud.

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Durante este tiempo, no solo sufrió físicamente por su condición sino también emocionalmente, ya que fue esposada y tratada como una criminal sin pruebas concluyentes de su supuesta complicidad en el robo.

La injusticia de su situación fue exacerbada cuando, estando de baja médica por patología del embarazo, se enteró de su despido por correo electrónico, donde se le informaba que su contrato había sido terminado por "falta de probidad". Este despido se basó en los hechos malinterpretados del día en que fue acusada injustamente.

En respuesta a su demanda, la Corte Suprema confirmó que la trabajadora debía recibir una compensación adecuada por la terminación injusta y la angustia causada. La condena incluye varias compensaciones:

- $381,479 por falta de aviso previo.
- $762,958 por indemnización por años de servicios.
- $610,366 como recargo legal.
- $217,010 por vacaciones legales pendientes del periodo 2021-2022.
- $200,276 por vacaciones proporcionales.
- $4,196,269 en concepto de daño moral máximo.
- $8,036,490 como compensación por remuneraciones hasta el fin del periodo de protección maternal.

La suma total de las compensaciones ordenadas por el tribunal asciende a $14,404,848. 

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