
"Es gravísimo": Fiscal de Venezuela vincula a agentes chilenos en crimen de exmilitar Ojeda
Durante la jornada, el Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, supuso que la muerte del exmilitar Ronald Ojeda, habría sido responsabilidad de agentes chilenos en colaboración con extranjeros.
Agregó que el secuestro y asesinato de Ojeda habría sido planeado para "enturbiar las relaciones entre Chile y Venezuela", en un momento de acercamiento entre ambos países.
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Es decir, William considera que la muerte del exmilitar tendría tintes meramente políticos asegurando que hubo "una operación de falsa bandera" de parte del cuerpo de inteligencia chileno.
Los dichos del fiscal venezolano generaron indignación entre varias autoridades y personeros políticos del país.
El senador y presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, Iván Flores (DC), calificó como "gravísimas" las acusaciones hechas por William Saab, calificándolas como "una afrenta al estado de Chile. Y ante un hecho tan grave como este no hay espacio para opinologías tan desproporcionadas como estas".
"¿Con qué soltura de cuerpo puede señalar algo así? Más aún de una investigación que muy en reserva lleva hoy la Fiscalía Nacional de Chile", se cuestionó Flores.
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Posteriormente, el senador solicitó al fiscal venezolano entregar las pruebas correspondientes "si tiene pruebas, que las entregue (...) De lo contrario, solo está contribuyendo a enturbiar las relaciones entre ambos países".
Luego, realizó un llamado dirigido al Gobierno de Venezuela, quienes deben salir a dar explicaciones "porque sabemos que en una dictadura nada es casual, que los poderes no son autónomos y lo que hay son escuderos de Maduro".
La misma línea siguió el diputado Daniel Manouchehri (PS), expresando que "si Venezuela tiene antecedentes que vinculen a policías chilenos en el asesinato del ex teniente Ojeda, debe aportarlos ahora. Sino, parece más una estrategia para desviar la atención en la investigación. La dictadura de Maduro no es confiable.
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Sin embargo, el fiscal Tarek William aseguró que si se comprueba que los criminales son venezolanos "de ser detenidos en Venezuela, serán juzgados aquí con base en las evidencias recabadas por la Fiscalía de Chile, que no entregó nada”.
Esto porque la Constitución del país sudamericano prohibe desde 1999 la extradición.