En una serie de encuentros distribuidos por todo el país, Chile conmemora los 30 años de la adopción de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, conocida como la Convención de Belém do Pará.

Este importante tratado, pionero a nivel mundial, marca un compromiso fundamental con los derechos de las mujeres a no sufrir violencia de género.

En el contexto de estas celebraciones, y bajo la dirección de la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana Guarello, se han llevado a cabo debates y diálogos en las 16 regiones de Chile.

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Estos encuentros no solo sirven para reflexionar sobre los avances y desafíos en la aplicación de la Convención, sino también para preparar el terreno para la Novena Conferencia de Estados Parte, que tendrá lugar en Santiago el 11 y 12 de junio de 2024.

El objetivo de estos diálogos regionales es doble. Por un lado, buscan identificar las estrategias y políticas públicas que han sido más efectivas en la lucha contra la violencia de género, y por otro, pretenden establecer un vínculo más sólido entre las vivencias de las mujeres chilenas y los esfuerzos regionales en América Latina y el Caribe.

"Estamos generando un documento de posición que no solo destaca las necesidades y recomendaciones específicas de cada región, sino que también busca influir positivamente en la próxima conferencia internacional", señaló Orellana.

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La Conferencia de Estados Parte de este año, que también será presidida por Chile, promete ser un foro crucial para el fortalecimiento de las políticas de protección y prevención, así como para la consolidación de una red de apoyo regional e internacional más robusta.

La Convención de Belém do Pará fue adoptada el 9 de junio de 1994 y establece explícitamente el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, tanto en espacios públicos como privados, e insta a los Estados a adoptar todas las medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

Estos diálogos representan una oportunidad significativa para reevaluar y revitalizar el compromiso de Chile con los derechos humanos de las mujeres, enfatizando la importancia de un enfoque coordinado y participativo en la lucha contra la violencia de género.

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