Manuel Francisco Saavedra Rodríguez y su hermano Marcelo se preparaban para ir al liceo desde su hogar en Conchalí, aquel fatídico 28 de noviembre de 1989, cuando su vida cambió drásticamente.
Un grupo de carabineros y civiles encapuchados irrumpió en su departamento, deteniéndolos a ambos. Manuel, entonces de 18 años, fue llevado a la Novena Comisaría de Carabineros, donde empezó una pesadilla que duraría nueve largos días.
Durante su detención, Manuel fue sometido a torturas inimaginables. Interrogado sobre su afiliación política y al no dar respuestas, fue brutalmente golpeado, colgado de una barra de metal, y recibió descargas eléctricas.
Le negaron comida y sueño, y fue forzado a mantenerse de pie por largos periodos. Tras esos nueve días, fue enviado a la 5ta Fiscalía Militar, donde fue juzgado y condenado a seis meses por posesión de un arma prohibida, cumpliendo su sentencia en la antigua Penitenciaría de Santiago. Durante todo este tiempo, su familia desconocía su paradero.
El efecto de esta experiencia fue devastador y duradero. Manuel no pudo retomar sus estudios ni mantener trabajos estables debido al constante temor y ansiedad.
Su vida personal también sufrió; las relaciones con su pareja e hijas se vieron gravemente afectadas. Además, años más tarde, enfrentó graves problemas de salud, incluyendo cáncer renal y nódulos pulmonares, que necesitaron intervenciones quirúrgicas costosas y períodos extensos de recuperación.
Recientemente, la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ha dictado un fallo significativo en respuesta a estos eventos. Han determinado que el Estado debe pagar a Manuel una indemnización de $30.000.000 por el daño moral sufrido.
