Desde abril de 2018, un ciudadano venezolano llegó a Chile para hacer una nueva vida. Sin embargo, se encontró con un gran obstáculo cuando las autoridades le negaron la posibilidad de quedarse de manera permanente en el país y le ordenaron que lo abandonara, todo por no haber pagado una multa.

Esto podría haber sido el final de su vida en Chile, pero decidió luchar por su derecho a quedarse.

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La situación dio un giro cuando la Corte Suprema intervino. Los jueces de la Segunda Sala, en una decisión de todos en acuerdo, vieron que algo no estaba bien en cómo se había manejado su caso.

Criticaron que no se le dio la chance de explicar su situación ni de defenderse adecuadamente. En lugar de simplemente decirle que debía irse, la Corte dictaminó que las autoridades habían actuado de forma arbitraria y poco justa.

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Lo que resalta en esta decisión es la insistencia de la Corte en que todos deben tener la oportunidad de un trato justo, especialmente en decisiones tan importantes como la de poder seguir viviendo en un país.

Por eso, la Corte no solo deshizo la orden de que abandonara Chile, sino que también ordenó que se le dé otro plazo de 30 días para que presente los papeles necesarios y se revise su solicitud de residencia definitiva con justicia.

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