La Comunidad Indígena Margarita Traipe, ubicada en Angol, ha vivido en sus tierras durante generaciones, cultivando la tierra y utilizando las aguas de acuerdo con sus tradiciones ancestrales.

Sin embargo, enfrentaron un desafío legal cuando una parte externa intentó disputar su derecho a estas tierras y aguas, alegando que la comunidad no debería tener la propiedad legal de ellas.

La disputa llegó hasta el máximo tribunal del país, la Cuarta Sala de la Corte Suprema, que tenía que decidir si la comunidad tenía el derecho legítimo a mantener su propiedad.

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El caso se centró en algo llamado "prescripción adquisitiva ordinaria", un concepto legal que significa que si alguien usa una propiedad de manera abierta y continua durante mucho tiempo, esa persona o grupo puede llegar a ser reconocido como el dueño legal.

En un fallo unánime, el tribunal, liderado por la ministra Gloria Ana Chevesich y compuesto por jueces y abogados, confirmó que la Comunidad Margarita Traipe tenía derecho a sus tierras.

Después de revisar todo el caso, los jueces determinaron que la comunidad había ocupado y utilizado sus tierras y aguas legítimamente y conforme a las leyes, sin ninguna trampa o engaño en el proceso.

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El tribunal también rechazó las acusaciones del demandante, que argumentaba que había problemas con cómo se habían registrado legalmente estas propiedades.

Los jueces concluyeron que no solo la comunidad había actuado de manera justa, sino que también había seguido todos los procedimientos legales correctamente para asegurar sus derechos sobre la propiedad.

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