Luis Castro es el vocero del pueblo Chango, etnia ancestral que en 2020 fue reconocido por el Estado de Chile, el cual habitó la franja costera del norte de Chile y el sur de Perú, llegando a comprender sectores como Boca del Río, La Yarada, Ite, Arica, Iquique, Tocopilla, Paposo y Taltal.

En la actualidad hay cerca de 4.700 personas que declaran ser parte de esta etnia, quienes por siglos han tenido una íntima e indisoluble relación con la Pachamama (Madre Tierra) y la Mama Cocha (diosa de todas las aguas).

Esta cosmovisión choca con la visión “occidental” del pueblo chileno, la que se puede ver con la tramitación de la nueva Ley de Pesca que se está discutiendo en el Congreso.

Si bien el proyecto de ley que se discute en la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de la Cámara de Diputados, tiene como objetivos el desarrollo sostenible de la actividad, equidad del sector pesquero, enfoque científico-técnico y seguridad alimentaria y consumo humano, para los pescadores artesanales de pueblos originarios, la nueva normativa genera incertidumbre y no resuelve el problema actual que tienen con la escasez de recursos, producto de esta cosmovisión extractivista que no contempla la relación íntima entre ser humano y ecosistema.

El mar se rige por sus propias leyes

“Nosotros no hablamos de que somos dueños de las orillas del mar donde nosotros podamos libremente trabajar sin dañar a la Pachamama a la Mama Cocha, porque no somos entes separados. Nosotros lo hemos demostrado, a través del cambio climático, hemos dicho montones de veces, todo el daño que se puede ocasionar a la Pachamama y a la Mama Cocha rebotará contra nosotros”, dice Castro en conversación con El Desconcierto.

Para el pueblo Chango el mar no se rige por las leyes hechas por el hombre, sino que tiene sus propios ciclos que hay que respetar sin forzarlos. Es por eso que desconfían de los comités científicos que la nueva normativa propone para tener una industria pesquera sustentable.

[caption id="attachment_921962" align="alignnone" width="900"] LuisCastro/Cedida[/caption]

“La convicción de nuestro pueblo es que los recursos se puedan mantener y se puedan recuperar de forma natural. Esos elementos están basados por ciclos, del nacer y morir. Todo nace y todo muere, pero dentro de ese ciclo está bien regulado por la Pachamama y la Mama Cocha. Es el tiempo que te da una nueva vida, entonces si tú como hombre que estás detrás de un escritorio no puedes entender porque no has vivido con nuestro pueblo, si no tienes una relación con nosotros nunca vas a entender cómo funcionan las cosas”, señala Castro.

La autoridad del pueblo Chango dice que aún no se recuperan de las consecuencias que dejó la Corriente del Niño en 2017, la cual, señala, fue una demostración clara de las consecuencias del cambio climático.

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Mató todo lo que existía en la orilla. Nosotros no teníamos qué sacar porque proliferaron las estrellas de mar, los erizos y no quedó nada, todo lo mató. Mató el alga, el piure, mató todo y ese ciclo todavía no está cerrado”, señala.

Pueblo ser trashumante

El pueblo Chango se caracteriza por ser trashumante que, a diferencia de los nómades, se desplazan en clanes familiares hacia asentamientos estacionales buscando el recurso marino, para luego volver a su pueblo.

Desde esa manera de relacionarse con el mar, choca con cualquier norma que les limite el libre desplazamiento para ir por el recurso marino.

En ese sentido, Castro cuestiona las Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB), el cual asigna derechos de explotación exclusiva a organizaciones de pescadores artesanales, “mediante un plan de manejo y explotación basado en la conservación de los recursos bentónicos presentes en sectores geográficos previamente delimitados”.

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Según señala Castro, el 80% del territorio del borde costero está en manos de la pesca artesanal, sin embargo, eso impide a los pueblos originarios como los Changos a intervenir en esas zonas.

“El 20% restante está destinada a la explotación de la industria, como termoeléctricas, plantas saladoras. El 10% restante está destinado a áreas protegidas y parques nacionales. Donde nosotros como pueblo no podemos extraer nada”, afirma.

Además, según explica Castro, algunas embarcaciones de pesca artesanal que le venden el producto a la gran industria, pueden penetrar la primera milla, que es exclusiva para la pescadería artesanal y consumo humano.

[caption id="attachment_832344" align="alignnone" width="900"] Ministerio de Medio Ambiente[/caption]

Esto, pone en riesgo el ciclo natural de reproducción de los peces, que se acercan a la orilla para desovar y dejar sus huevos.
“Esos huevos muchas veces quedan sujetos, por ejemplo, al alga. Al arrancar el alga, lógicamente estás matando también parte de esa reproducción”, dice Castro.

“Hoy en día, las lanchas, prácticamente sirven de arrastre, ni siquiera de cerco. Porque el alto de la red en las costas que son bajas en algunas partes llega a tocar fondo y van arrastrando y haciendo daño. Todo eso va en perjuicio de la reproducción. Nosotros queremos que los recursos se perpetúen, que haya siempre recursos, pero sin romper los equilibrios”, agrega el vocero de la étnica que habita entre Arica y Tocopilla principalmente.

Convenio 169 de la OIT

En 1989 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó el Convenio 169 sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales en el mundo, por lo que en este tipo de proyectos de ley, deben ser consultados.

Pese a que la nueva normativa contempla la Ley Lafkenche, que tiene como objetivo suplir el vacío que no habían dado cuenta del uso ancestral de las áreas de manejo, para los pescadores artesanales originarios acusan que si bien los reconoce como pueblos originarios, no los hace parte de la discusión ya que no tienen “voz ni voto”.

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“Hoy el Estado no nos dio esa oportunidad como corresponde, a pesar de que el Estado de Chile tiene un convenio que es el 169, que es un convenio internacional y que tienen que respetarlo y darle cumplimiento”, señala.

“Este convenio es renovado cada 10 años y dice claramente que todo acto administrativo o legislativo que le afecte a los pueblos involucrados tiene que tener el derecho a la consulta. No ha existido un llamado a una participación efectiva de los pueblos porque no estamos solamente como pueblo costero, el pueblo de Chango, sino también estamos como están los hermanos kawésqar (Estrecho de Magallanes)”, complementa.

Sobre la Ley Longueira -que la nueva ley intenta dejar atrás-, Castro dice que no se explica por qué siguió vigente hasta la actualidad.
“Siendo una ley corrupta, la Constitución habla que debería quedar de forma inmediata fuera, o sea, debería haberla desechado y volver a la de 1991, eso es lo que procedía ante la ley, y sin embargo no fue así”, señala.

“Nosotros estamos viendo que se están buscando todos los resquicios legales para poder darle una vuelta larga y llegar a la legalización de lo que está dentro de la ley Longueira”, cierra.