Después de 51 años: Cónyuge e hijo de víctima torturada en dictadura serán indemnizados
José Miguel Monsalve Bravo, quien tenía una peluquería en Bulnes y era reconocido como dirigente comunal del Partido Socialista, fue detenido y torturado por agentes del Estado en septiembre de 1973, marcando profundamente a su familia.
Según relata su hijo, Sergio Monsalve Alcarrúz, su padre fue aprehendido cuando él tenía sólo 9 años, un hecho que le cambiaría la vida para siempre.
El 11 de septiembre, dos carabineros y tres militares detuvieron a José Miguel sin emplear la fuerza y lo llevaron a la Comisaría de Bulnes.
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Su odisea por las cárceles del país comenzó allí y continuó por varios recintos, incluyendo la cárcel de Chillán, la salitrera Chacabuco en Antofagasta, y varios otros, hasta que finalmente fue liberado el 25 de febrero de 1975, tras 17 meses de detención.
Durante este tiempo, sufrió diversas torturas, como golpes y la aplicación de electricidad.
Su esposa, Olga Alcarrúz Oñate, compartió el profundo dolor que le causaba escuchar a su marido relatar las torturas experimentadas.
La pena y la angustia se apoderaron de ella al conocer la magnitud del sufrimiento de su esposo, quien además, después de ser liberado, fue nuevamente detenido y torturado por tres días bajo falsas acusaciones de poseer armas.
Este caso, reconocido por el Estado de Chile en el informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, más conocida como Comisión Valech, donde José Miguel figura como una de las víctimas, resalta la violación de derechos humanos que vivió.
La demanda presentada por su familia, basada en la Constitución de 1925 y en tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, buscaba justicia y reparación.
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Después de 51 años, la Corte Suprema se pronuncia
La Corte Suprema, en un fallo unánime, ha decidido que el Estado de Chile debe pagar $30.000.000 a la familia de José Miguel Monsalve por el daño moral sufrido.
Esta decisión corrige un fallo anterior de la Corte de Apelaciones de Concepción que había rechazado la demanda. Los jueces de la Corte Suprema argumentaron que la decisión anterior no había analizado adecuadamente todos los detalles y pruebas del caso, y que no había seguido las reglas correctas que aseguran un juicio justo y bien fundamentado.
En su decisión, los jueces citaron normas nacionales e internacionales que enfatizan la importancia de un juicio justo y bien explicado, señalando que todos los ciudadanos tienen derecho a entender claramente por qué se toman ciertas decisiones judiciales.
También mencionaron que respetar estos procesos es esencial para evitar la impresión de que las decisiones son arbitrarias o injustas.
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