A más de una década que se aprobara la Ley 20.657, la cual entregaba a perpetuidad los derechos de pesca a la gran industria, actualmente en el Congreso se discute una nueva normativa que deje atrás la que fue llamada “Ley Longueira” o “ley corrupta”, a raíz de sobornos que la industria pesquera realizó a legisladores para que se aprobara la iniciativa.

Si bien el proyecto de ley que se discute en la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de la Cámara de Diputados, tiene como objetivos el desarrollo sostenible de la actividad, equidad del sector pesquero, enfoque científico-técnico y seguridad alimentaria y consumo humano, para un sector de la pesca artesanal la nueva normativa genera incertidumbre, ya que no viene a cambiar el corazón de la Ley Longueira.

Aunque la normativa que se discute en el Congreso propone que el porcentaje asignado mediante licitaciones a los industriales pase de 15% a un 50%, lo que significa que la cuota que responde a criterios históricos de captura disminuye desde el 85% al 50%, no asegura que la gran industria no traspase los límites exclusivos de la pesca artesanal.

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“Hay ciertos puntos que me han llamado la atención, por ejemplo, la situación de la primera milla náutica. Tiene que ver con la categorización de las naves. La legislación de la ley Longueira la de 2012 establece solamente una diferenciación entre industria artesanal basado en las loras, es decir, en el tamaño de la embarcación, pero no incorpora otros elementos y eso ha generado algunas distorsiones particularmente de lo que se conoce como las naves de cerco que son artesanales pero industrializadas. Creo que ahí efectivamente pasa por incorporar una real categorización y lo otro es que efectivamente las herramientas que tenga la pesca”, dice el diputado Matías Ramírez (PC), miembro de la Comisión de Pesca.

El parlamentario señala que esper que esa discusión se de a partir del mes de junio, cuando comience el debate en particular.

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Penetrar la primera milla

El parlamentario, que representa a la región de Tarapacá, expone lo que sucede en el norte del país, donde la gran industria a tercerizado la captura del recurso, utilizando pescadores artesanales cerqueros, los cuales incluso transfieren las cuotas, por ejemplo, de la anchoveta, lo que le ha permitido a la pesca industrial seguir funcionando las plantas sin necesidad de tener trabajadores o trabajadoras contratadas.

“Para mí es una preocupación, porque si efectivamente esta nueva ley solamente va a venir a ordenar lo que ya está sucediendo en ese punto me parece preocupante porque no se cambia efectivamente un aspecto fundamental de la ley del año 2012”, señala el diputado.

Luis Castro es el vocero de los pescadores artesanales del pueblo Chango, quien observa con atención la discusión de la nueva normativa. Una de sus aprensiones es que, pese a que fueron reconocidos por el Estado en 2020, la actual ley y la que se discute no toma en cuenta su cosmovisión, la forma en que se relacionan con el mar, como tampoco que el recurso debe ser para el consumo humano y no explotarlo como se ha hecho hasta ahora.

Un ejemplo es el periodo en que los peces va a desovar a la orilla, lo que genera que la gran industria, a través de la pesca artesanal que le vente el recurso, penetra la primera milla, poniendo en riesgo el natural ciclo de reproducción.

“Esos huevos muchas veces quedan sujetos, por ejemplo, al alga. Al arrancar el alga, lógicamente estás matando también parte de esa reproducción”, dice Castro.

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El vocero del pueblo Chango también expone lo que ocurre con las lanchas de mayor calado en las costas donde hay poca profundidad.

“Hoy en día, las lanchas, prácticamente sirven de arrastre, ni siquiera de cerco. Porque el alto de la red en las costas que son bajas en algunas partes llegan a tocar fondo y van arrastrando y haciendo daño. Todo eso va en perjuicio de la reproducción. Nosotros queremos que los recursos se perpetúen, que haya siempre recursos, pero sin romper los equilibrios”, agrega el vocero de la étnica que habita entre Arica y Tocopilla principalmente.

El pueblo Chango se caracteriza por ser transhumante que, a diferencia de los nómades, se desplazan en clanes familiares hacia asentamientos estacionales buscando el recurso marino, para luego volver a su pueblo.
Desde esa manera de relacionarse con el mar, choca con cualquier norma que les limite el libre desplazamiento para ir por el recurso marino.

Una “jaula” que no permite desplazarse

Situación similar que viven algunos pescadores artesanales que, ven cómo los bancos de peces migran hacia otras latitudes sin poder ir por ellos, porque tienen prohibido traspasar otras zonas marinas.

Es lo que ocurre en la región del Biobío, según señala César Jorquera, presidente de la asociación gremial de pescadores de San Vicente de Talcahuano.

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“Hoy día mismo, por ejemplo la pesca de la sardina anchoveta en la octava región está en zonas más extremas. En zonas mucho más extremas me refiero a la isla Moncha, al norte de la octava región. Nosotros no podemos pasar de esos límites, pero hay embarcaciones pequeñas que no pueden y que desarrollan esa actividad. Entonces lo que optan por hacer es vender su cuota, pero eso es como pan para hoy y hambre para mañana”, señala.

En ese sentido, indica que el sistema invita a vender la cuota. “Si no hago la a los años siguientes, igual me castigan, Entonces, por un lado, te incentivan a hacer esas sesiones y por otro le dicen, ‘ya pero como usted no pescabas en los últimos años, así que va a perder su cuota’”, ejemplifica.

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Si bien la nueva ley quiere entregar mayores derechos, tanto sociales, previsionales como de cuotas de pesca a los trabajadores artesanales, para algunos se corre el riego de que no cambie lo fundamental y termine siendo una jaula que, por la asimetría de recursos económicos, como la escasez producto de la crisis climática, finalmente termine beneficiando a la gran industria, en desmedro de la pesca artesanal.

Jorquera señala que el aumento del fraccionamiento, de pasar de 10% a 15%, significa 12 horas más de trabajo para los pescadores que se dedican a la extracción de jurel.

“Hay recursos, por ejemplo, que son reconocidos como altamente migratorios. El mismo caso del jurel, están reconocidos en el mundo que son recursos altamente migratorios. Si hay jurel, usted podría pescarlo solamente en su región”, señala.

“Un pescador de acá, si ve que en el norte se genera un banco de peces y lo llaman, ¿por qué no puede ir? Porque la ley no permite. Termina siendo una persona ilegal. Es una jaula, ese el punto central para nosotros”, cierra.