Un estudio conjunto realizado por la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) y Chile Transparente ha sacado a la luz preocupantes debilidades en las estructuras de fiscalización de los municipios chilenos, con un 30% de ellos sin realizar auditorías en el último año y una alarmante situación extra, ya que solo tendrían a un funcionario encargado de esta crucial tarea.

El informe resalta que de las 345 municipalidades solicitadas a través del portal de Transparencia, solo 314 brindaron respuestas que permitieron un análisis profundo.

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De estas, muchas evidencian no solo una falta de personal adecuado para llevar a cabo las auditorías, sino también una carencia de independencia en sus presupuestos, lo que limita su capacidad de operar eficientemente.

Particularmente alarmante es que, a pesar de los esfuerzos por promover la transparencia y la integridad administrativa, casi un tercio de las municipalidades operan con un equipo reducido a un solo fiscalizador.

Este déficit de personal se hace aún más crítico en áreas de baja urbanización, donde la media de funcionarios puede ser tan baja como dos personas por municipio, complicando aún más la gestión y supervisión de los recursos.

La situación se agrava con la distribución del presupuesto para estas unidades de control, donde un 66.9% indicó no contar con fondos propios, dependiendo completamente del erario municipal.

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Esto plantea un conflicto de interés potencial y una falta de autonomía que podría comprometer la efectividad de las auditorías.

Además, el estudio reveló que la mayoría de las unidades de control tienen vínculos limitados con otras entidades gubernamentales, lo que podría inhibir su capacidad para abordar de manera efectiva las irregularidades.

Solo un pequeño porcentaje reportó tener conexiones con organismos como la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo o el Consejo de Defensa del Estado, además de la Contraloría General de la República.

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