Ante el aumento de la preocupación pública por el incremento de la criminalidad en los centros urbanos es que los alcaldes y otros funcionarios públicos han querido tomar en sus manos el problema de la seguridad. En un contexto en que durante el 2023 hubo un total de 1.248 víctimas registradas en el país, una tasa de 6,3 víctimas de homicidios por cada 100 mil habitantes, según el Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados en Chile hecho público por el Ministerio del Interior.

Aunque la disparidad de recursos en materia de seguridad que maneja un municipio u otro - por ejemplo, Vitacura posee el mayor presupuesto per cápita, con $129.729 por residente, mientras que San Bernardo cuenta con un presupuesto de solo $706 por habitante- llevó a la necesidad de normar la seguridad municipal a través de un nuevo marco jurídico.

Es así que después de un año de tramitación, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley, impulsado por el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, que redefine el rol de los guardias municipales y mejorara su institucionalidad encargada.

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Resguardo de su vida

Junto a normar los elementos defensivos que deben ocupar como bastones retráctiles y gas pimienta, aunque siendo explicita la ley sobre que los guardias no pueden usar armas de fuego ni ejercer funciones policiales. Además, el proyecto de ley introduce una agravante penal para quienes agredan a estos trabajadores en el ejercicio de sus funciones.

"El municipio no podrá proporcionar a las personas contratadas (...) ningún tipo de arma de fuego, instrumento o utensilio u objeto cortante o punzante, u otros elementos que sean calificados como letales, o potencialmente letales, conforme a la legislación vigente. No obstante, cuando así lo requiera el ejercicio de sus funciones, para el resguardo de su vida e integridad física, podrá otorgarles elementos tales como cascos, chalecos antibalas, chalecos anticortes, lentes de protección o bastones", se lee en el proyecto que ahora pasará a su último trámite en el Senado.

“Fortalecer no significa reemplazar el rol preventivo de los municipios ni transitar hacia policías municipales. Por el contrario que la tarea de los municipios, que es la prevención del delito, hoy cuente con más herramientas, con claridad regulatoria, pero por sobre todo con un estándar que hemos elevado con esta ley”, aseguró Vergara en el Congreso.

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Capacitaciones

Además, se norma las capacitaciones que deberán realizar los municipios con sus guardias municipales, las cuales cubren un amplio espectro de temas esenciales: desde el respeto y protección de los derechos humanos, enfocándose en la igualdad y la no discriminación, hasta la instrucción en seguridad pública y la eficacia operativa.

Entre ellos cursos de primeros auxilios, gestión de emergencias, y el uso adecuado de elementos defensivos, siempre alineados con los estándares de derechos humanos. Además de abordar materias como la perspectiva de género, la probidad, la transparencia, y se enfatiza la importancia de la coordinación con el sistema de justicia penal y las instituciones policiales.

Unos contenidos deben ser revisados y actualizados al menos cada cuatro años para mantenerse al día con las necesidades y desafíos actuales de la seguridad pública.

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Financiamiento

Para asegurar la implementación efectiva de estas nuevas atribuciones, el proyecto contempla acompañarlas con los recursos necesarios. Este año, con la entrada en funcionamiento del Royalty Minero, se suplementará el Fondo Común Municipal, beneficiando tanto a comunas mineras como a las no mineras con significativos montos anuales. Además, se establecerá un Fondo Plurianual para la Seguridad Ciudadana, financiado por este royalty, que aportará US$350 millones anuales por tres años a partir de 2025.

La Subsecretaría de Prevención del Delito también verá un incremento en su inversión a los municipios, con un aumento del 72% desde el año 2022. Se propone, además, la creación de una nueva línea programática para financiar el equipamiento de seguridad de los inspectores municipales, con un presupuesto de $5.100 millones de pesos para un periodo de tres años.

En casos donde los municipios no cuenten con los recursos necesarios, la Subsecretaría de Prevención del Delito financiará los equipos de seguridad necesarios, cerrando brechas y desigualdades existentes entre los municipios. Esto en base a tres criterios; equidad territorial, demografía y vulnerabilidad socio-delictual.

“En los casos donde los municipios demuestren que no tienen los recursos, será la Subsecretaria de Prevención del Delito la que va a tener la posibilidad de financiar los equipos de seguridad para que cerremos una serie de brechas y desigualdades que existen en los municipios”, concluyó el subsecretario Vergara.

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