El 27 de abril los cabos de Carabineros Carlos Cisterna, Sergio Arévalo y Misael Vidal, eran brutalmente asesinados en la comuna de Cañete en la provincia de Arauco, región del Biobío, hecho que fue utilizado por la derecha para insistir en la reposición de la justicia militar.

Ese mismo día, pero a 2.800 kilómetros de distancia, el conscripto Franco Vargas (19), de la Brigada Motorizada N° 24 Huamachuco, fallecía en la comuna de Putre, región de Arica y Parinacota, mientras participaba de una marcha por hostiles y gélidos terrenos del norte de Chile junto a otros 244 jóvenes que realizaban el servicio militar.

Su muerte sería el inicio de una serie de declaraciones, desmentidos y contradicciones por parte del Ejército que colocaban un manto de dudas y suspicacias en la transparencia e imparcialidad de la institución castrense para esclarecer hechos que afectan e involucran a miembros de sus propias filas.

“Que no participe la Fiscalía Militar, claramente, no confío en ellos. ¿Cómo van a ser ellos, que se investiguen a ellos mismos?, no tiene lógica”, decía Romy Vargas, madre del joven conscripto fallecido.

Las aprensiones de la madre del conscripto surgieron a raíz de la primera versión dada por el Ejército, que señalaban que Vargas había llegado con vida al Centro de Salud Familiar (Cesfam) de Putre.

[caption id="attachment_917485" align="alignnone" width="900"] Agencia Uno[/caption]

Sin embargo, tres días después, el 6 de mayo, el director del Cesfam de Putre, Aldo Rivera, contradecía dicha versión, afirmando que Vargas había llegado sin signos vitales.

[Te puede interesar] Cómo triple crimen de Cañete destruye narrativa de la derecha que exigió la Ley Naín-Retamal

“A las 06:52 horas se recibe a un paciente sin previo aviso, se recibe a un conscripto que venía trasladado en un vehículo militar. Se constata que esta persona venía sin signos vitales ni tampoco con respuesta a estímulos ni verbales ni físicos”, explicó Rivera en sesión extraordinaria del concejo municipal de la Municipalidad de Putre.

Al pasar los días, se fueron conociendo más antecedentes. 45 conscriptos que participaron de la marcha fueron hospitalizados por presentar cuadros infecciosos -uno perdería una mano a los pocos días-, además de testimonios de los mismos jóvenes que acusaban maltratos y no contar con la ropa adecuada, versiones que ponían en duda las prácticas y protocolos del Ejercito.

Cinco días después de la primera versión entregada por la institución castrense, el comandante en Jefe del Ejército, Javier Iturriaga, reconocía ante los medios de comunicación las contradicciones y “falta de precisión” en la información entregada en un primer momento, dejando una “duda razonable respecto de la correcta ejecución de la instrucción”.

[Te puede interesar] El debate sobre Justicia Militar, seguridad, Putre y el oportunismo político en YCET!#30

"Seguimos investigando para establecer la verdad y precisar si existió ocultamiento de información o derechamente se mintió”, señaló.

El jefe del Ejército también anunció que relevó de sus cargos al general de la Brigada Huamachuco, Rubén Castillo, comandante en Jefe de la VI División; y al coronel Sebastián Silva, comandante de la Brigada Huamachuco.

[caption id="attachment_918565" align="alignnone" width="900"] Agencia Uno[/caption]

Golpes en la noche y condiciones insalubres

El miércoles 8 de abril, como si se tratara de una irónica coincidencia, se conocían dos hechos que involucraban al Ejército y que dejaban en evidencia las realidades diametralmente distintas entre el alto mando y los conscriptos.

Ese día se conocieron antecedentes del juicio oral en contra del excomandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba y su mujer, Anita Pinochet, por lavado de activos. El canal Mega revelaba que el otrora jefe de la institución castrense (2010-2014), habría utilizado fondos públicos para financiar su peculiar estilo de vida que incluía, por ejemplo, un viaje en 2014 para celebrar el Año Nuevo en República Dominicana, bajo la excusa de visitar las tropas chilenas en Haití. El costo de la estadía fue de $31 millones.

Justo antes de dejar el cargo, Fuente-Alba le pidió a Sergio Vásquez Undurraga, ex jefe de finanzas del Ejército, que retirara el saldo que había en ese momento en la caja fuerte de dinero en efectivo de gasto reservado y se lo guardara en un maletín. Un par de días de su retiro del Ejército, ese maletín con cerca de $150 millones llegó a manos de Fuente-Alba.

[Te puede interesar] Exfiscal Cruz y Justicia Militar: "Sería un retroceso a los derechos de las FF.AA."

Ese mismo 8 de abril, se conocieron los testimonios de los compañeros del conscripto Franco Vargas, que acusaban que “fueron sometidos a golpes de pies y puños por parte de sus superiores a cargo, en cualquier contexto y momento”.

“Estas caminatas podían ser nocturnas con temperaturas bajo cero, sin la ropa adecuada o durante el día sin la protección solar mínima”, señaló un conscripto según una querella presentada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

[caption id="attachment_188500" align="alignnone" width="900"] / Agencia Uno[/caption]

En la querella, uno de los conscriptos afirmó que se les exponía “a fecas de ratones en los espacios de preparación y consumo de alimentos, así como obligarlos a comer con las manos de una misma bandeja grupal por no entregarles elementos básicos como cucharas”.

“Fueron obligados a utilizar letrinas sin acceso a medidas higiénicas de aseo personal, espacios saturados de excrementos humanos, sin agua corriente, jabón ni papel higiénico, en grupos de hasta 15 personas defecando al mismo tiempo”, señala el documento del INDH.

Justicia Militar como expresión de los intereses del mando

Para Cristián Riego, abogado y miembro del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, no es ninguna sorpresa la falta de independencia y transparencia por parte del sistema de justicia castrense.

“La justicia militar en realidad no es un sistema de justicia propiamente tal. Es una expresión del mando militar. Los jueces militares son los comandantes y los fiscales son empleados que detienen”, dice en conversación con El Desconcierto.

Cabe señalar que el 22 de noviembre de 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), condenó al Estado de Chile por aplicar la justicia militar para casos de orden civil.

En la sentencia de la corte internacional, se indica que el Estado debe “adecuar, en un plazo razonable, el ordenamiento jurídico interno a los estándares internacionales sobre jurisdicción penal militar, de forma tal que en el caso de que considere necesaria la existencia de una jurisdicción penal militar, ésta debe limitarse solamente al conocimiento de delitos de función cometidos por militares en servicio activo”.

[caption id="attachment_129571" align="alignnone" width="900"] Agencia Uno[/caption]

“No es sorpresa que la justicia militar actúe de acuerdo a los intereses o los puntos de vista del mando. En algunos casos el mando querrá que los hechos se investiguen, en otros casos no le interesará por diversas razones. La justicia militar siempre se va a comportar en ese sentido, porque hay una identidad. Por lo tanto, no habiendo un sistema de justicia militar realmente en Chile, sino una cosa muy precaria, dependiendo del mando, no se puede esperar resultados”, agrega Riego, quien fue Director Académico del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA).

Brote epidémico

“Lo que pasó con los conscriptos me parece inaceptable”, dice a El Desconcierto, el diputado Hernán Palma, quien participó de la Comisión de Derechos Humanos donde conocieron los testimonios de los familiares de los conscriptos como el de la madre de Franco Vargas.

Palma, de profesión médico y con formación en salud pública, explica que lo ocurrido con los jóvenes que presentaron problemas respiratorios podría tratarse de un brote epidémico.

[Te puede interesar] Armamento letal y justicia militar: Los puntos clave que tensionan discusión de RUF

“Si 45 personas jóvenes están afectadas por un cuadro respiratorio, de hecho, una termina fallecida y cuatro hospitalizadas -dos de ellos en la UCI- y el resto aislados, es porque ahí había un brote epidémico. Se constituye la figura de un brote y no hay ningún resguardo de la integridad de esas personas, es más, se los somete a apremios ilegítimos según han contratado tengo entendido por el INDH”, señala.

Respecto a la muerte del joven conscripto Vargas, el parlamentario considera que constituye un grave caso de tortura y violación a los derechos humanos, por lo que pide que el general Iturriaga renuncie y de un paso al costado.

Palma también se refiere a las diferencias de criterio y reacciones de la oposición, respecto a las muertes de los carabineros en Cañete y el fallecimiento del conscripto Vargas.

“Me habría gustado que, con la misma prontitud con que la derecha reaccionó por la lamentable tragedia que afectó a tres carabineros, con la presión y la urgencia legislativa que introdujo en la agenda, me gustaría que con la misma celeridad reaccionaran frente a esta brutalidad que ocurrió con estos jóvenes”, señala.