Este jueves la comisión unida de Seguridad y Constitución retomó la tramitación del proyecto de ley que delimita las Reglas del Uso de la Fuerza para las fuerzas de Orden y Seguridad, esto en vistas a despachar la normativa a la sala de la Cámara de Diputados para que se vote a más tardar mañana viernes. 

Sin embargo, hay puntos —como la definición de armamento letal o no letal, la eventual reposición de la justicia militar para actuaciones de uniformados que involucren a civiles, y la norma de proporcionalidad— que siguen distanciando las posiciones del gobierno y la derecha. 

La discusión con la que abrió la comisión fue el artículo 2 del proyecto que tiene que ver precisamente con la definición de lo que se denomina como “armamento letal”. 

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Respecto a esto el debate se centró en la distinta utilidad que se le pueden dar a las armas, independiente de su origen. Por ejemplo, el Ejecutivo argumentó que existen armas que ocupa el Ejército que pueden ser cargadas con balas de salva, pese a que su utilidad original es letal.

Para dar precisión a la legislación, el diputado y presidente de Amarillos, Andrés Jouannet, ingresó una indicación para definir este concepto como “aquel que, empleado conforme a su diseño  y destinación, tiene alta probabilidad de causar la muerte o lesiones graves”.

Dicha indicación fue apoyada transversalmente por diputados del PC, FA, PS y la UDI, y finalmente fue aprobada por mayoría en la comisión, solo con el rechazo de los parlamentarios RN presentes en la instancia. 

Justicia militar: la línea roja del gobierno

Lo álgido del debate, en todo caso, se dio previo a la sesión, cuando se conoció que diputados de oposición presentaron una indicación para reponer la justicia militar en casos en que fuerzas militares y carabineros actúen en contextos de estados de excepción. 

Respecto a esta norma, Jouannet, firmante de la indicación, explicó que la intención es que “los delitos imputados a militares, en acto de servicio militar, en cumplimiento de sus labores o con ocasión de ellas, serán siempre conocidos por los tribunales señalados”. 

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Según señalaron desde la oposición, la intención de reponer esta norma es dar “certezas y garantías” para la actuación de las fuerzas militares que comprometan la vida e integridad de civiles. 

“Si los tribunales militares no aplican en situaciones especiales como estas, entonces yo me preguntaría en qué situaciones aplican. Porque aquí estamos planteando que esto aplique en estados de excepción constitucional para el resguardo de fronteras o infraestructura crítica. Si son situaciones extremas en las que recurrimos a las FF. AA., entonces démosle ciertas garantías”, expresó el diputado Andrés Longton (RN) en conversación con radio Pauta.

La arremetida opositora fue cuestionada con dureza desde las fuerzas de gobierno, donde se calificó como una “línea roja”. Así lo expresó el diputado Raúl Leiva (PS), quien en conversación con El Mostrador señaló que “el principal disenso” será precisamente la indicación que traspasa estos casos a tribunales militares. 

Desde el mundo académico también se cuestionó la norma que la derecha trata de incorporar a las RUF. Por ejemplo, el académico de Cristián Riego apuntó a que la eventual reposición de la justicia militar para ver este tipo de casos no cae en la discusión de las RUF y advirtió que esta norma implica “garantía de impunidad”.

“Restablecer la competencia de la justicia militar que es igual a mandos militares Por lo menos estamos hablando en serio. Ellos no creen que se puedan resolver estos temas en democracia”, agregó el académico a modo de respuesta al exministro de Justicia, Claudio Maldonado. 

El punto fue secundado por el exfiscal Carlos Gajardo, quien cuestionó que “en dictadura los abusos militares y policiales se juzgaban por la justicia militar. Ello generó que casos como Rodrigo Rojas y Carmen Quintana (caso quemados) se mantuvieran en la impunidad por décadas. Sólo con justicia civil se llegó a condenas. Hoy se quiere volver a ese estado”. 

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