Hace un año, la noche del 5 de abril de 2023, medios de comunicación, autoridades y políticos, estaban apostados a las afueras de la ex Posta Central mientras el cabo Daniel Palma se debatía entre la vida y la muerte, tras ser baleado por delincuentes en una fiscalización cerca del Teatro Caupolicán.

El ataque en contra del cabo Palma ocurría sólo 10 días después del homicidio de la sargento segundo de Carabineros, Rita Olivares, quien recibió un balazo en la cabeza en medio de un procedimiento policial en Quilpué el 26 de marzo.

Ambos homicidios, ocurridos en medio de una crisis de seguridad, fue el escenario para que la derecha exigiera al Gobierno aprobar cuanto antes la Ley Naín-Retamal, la que buscaba entregar mayor protección a Carabineros, como también aumentar las penas para quienes atentaran en contra de Gendarmería, Bomberos y efectivos policiales, con el objetivo de “desincentivar las agresiones que pueden sufrir las y los funcionarios de estas instituciones”.

Parlamentarios de oposición, en una lluvia de declaraciones, exigían la salida del Subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, mayores atribuciones a Carabineros (sin explicar cuáles atribuciones) e incluso decretar Estado de Excepción en la Región Metropolitana.

Una narrativa que chocaba con la realidad, ya que la victimización era la más baja de los últimos 15 años (Fundación Paz Ciudadana) y la tasa de homicidios consumados había bajado en 6%, según el Primer Informe Nacional de Homicidios Consumados de la Subsecretaría de Prevención del Delito.

[caption id="attachment_825827" align="alignnone" width="900"] Agencia Uno[/caption]

“Los delincuentes no creo que estén calculando la pena que puedan recibir eventualmente cuando cometen delitos”, decía en ese entonces el exdirector de Seguridad Pública del Ministerio del Interior y académico de la Universidad de Santiago, Jorge Araya, respecto a la Ley Naín-Retamal.

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Pese a que el oficialismo pidió responsabilidad a los parlamentarios de “no caer en la pequeñez política” ni aprovechar políticamente la muerte de los policías, finalmente el 10 de abril de 2023 y tras una acelerada tramitación en el Congreso, la Ley Naín-Retamal entraba en vigencia tras ser publicada en el Diario Oficial.

Un año después, el peso de los hechos terminaba por darle la razón a los expertos, ya que ni la militarización de la Macrozona Sur ni la Ley Naín-Retamal inhibieron a quienes asesinaron brutalmente a Carlos Cisterna, Sergio Arévalo y Misael Vidal, los tres carabineros que perdieron la vida tras ser atacados a sangre fría por desconocidos el pasado 27 de abril en Cañete.

“Derecho simbólico” y “populismo punitivo”

A un año de la promulgación de la Ley Naín-Retamal, la oposición nuevamente está instalando la narrativa de inseguridad para presionar a La Moneda para que, por un lado, mantenga en su cargo al director de Carabineros, Ricardo Yáñez, -lo que se logró con el aplazamiento de su formalización- y la aprobación urgente de leyes y reformas, como la Ley Antiterrorista e incluso reponer la pena de muerte, tal como hizo el diputado Johannes Kaiser, quien ingresó un proyecto de ley para condenar a quienes asesinen a carabineros.

Al igual que hace un año, los parlamentarios sesionaron de manera extraordinaria y el 30 de abril la Comisión de Constitución del Senado votó indicaciones para reemplazar actual Ley Antiterrorista.

[caption id="attachment_917274" align="alignnone" width="898"] Ex fiscal Andrés Cruz/Cedida[/caption]

“Cuando empezamos a legislar con nombre no es un buen síntoma”, dice el exfiscal Andrés Cruz en conversación con El Desconcierto sobre la “discusión afiebrada” de leyes que luego son apuntadas de “populismo punitivo”.

Hace más de 15 años, en octubre de 2008, Cruz estuvo a cargo de la investigación por la emboscada que sufrió en Puerto Choque, comuna de Tirúa, la comitiva del fiscal Mario Elgueta, cuya camioneta recibió más de 300 impactos de bala.

Respecto a la Ley Antiterrorista, Cruz señala que no tiene mucho sentido si la invoca el Ejecutivo o no, ya que la decisión la va a tener que tomar el Ministerio Público.

El Artículo 3 del Código Procesal Penal señala que el Ministerio Público “dirigirá en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinaren la participación punible y los que acreditaren la inocencia del imputado, en la forma prevista por la Constitución y la ley”.

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“Ahora se está debatiendo sobre la pena de muerte. Lo que ocurrió en Cañete echa por tierra ese argumento, porque los que mataron a los carabineros no les importó. No tiene ningún sentido estar pensando en aumentar penas, son medidas de carácter profundamente populista”, señala Cruz.

“Nos estamos llenando de leyes que finalmente constituyen lo que en términos académicos se denomina un ‘derecho simbólico’, porque finalmente tratas de reaccionar en términos rápidos, creyendo que dictando leyes vas a solucionar problemas, pero eso es peligroso porque el día de mañana la comunidad se llena de expectativas que tú defraudas en el futuro y una vez más se pierde la confianza en la institucionalidad”, agrega.

Burlas a la autoridad y ausencia de Estado

Pocos días antes del brutal crimen en Cañete, fue detenido Junior Orozco Castillo, presunto homicida del mayor de Carabineros, Emmanuel Sánchez, quien fue abatido a tiros tras intentar detener a un grupo de delincuentes en Cerro Navia.

Mientras era custodiado por la policía colombiana -fue capturado en ese país tras huir de Chile-, lanzó una descarada mueca a las cámaras, sin mostrar un signo de arrepentimiento.

Lo mismo hizo una semana antes Yolvi González, otro de los presuntos responsables, quien lanzó un beso a la cámara y una leve sonrisa durante el control de detención.

[caption id="attachment_915529" align="alignnone" width="900"] Policía de Colombia[/caption]

Actitudes que generaron molestia por el descaro de su actitud, lo que fue interpretado como nulo respeto por la autoridad y la vida del fallecido carabinero.

Sin embargo, este nulo respeto por la autoridad se puede explicar, en parte, por la pérdida de autoridad de las instituciones, a raíz de los múltiples casos de corrupción en Carabineros, Ejército y PDI, entre otras.

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Pero lo ocurrido en Cañete tiene semejanzas con los casos vinculados al crimen organizado, como el crimen del exmilitar venezolano, Ronald Ojeda y los casos de homicidios a plena luz del día y cuerpos enterrados en el norte de Chile.

“Hay una reacción adecuada a las circunstancias. Muchos sujetos que les dan lo mismo que los maten. Indudablemente las circunstancias de la vida, de que hay un sistema que a ti te promueva o te incentiva simplemente a concentrar recursos, a demostrar tener más y finalmente tratar de lograr eso de manera rápida sin seguir las normas para obtener ese tipo de espacio dentro de la sociedad. Muchos están tratando de irse por el lado, a raíz de la ausencia del Estado”, explica el exfiscal Cruz.

La pobreza, la falta de oportunidades y la ausencia de Estado es el escenario perfecto para que surjan bandas criminales que reemplacen al Estado, tal como ocurre en otros países de la región como Colombia, Venezuela y Ecuador.

En ese sentido, cabe señalar que la provincia de Arauco -donde se ubica la comuna de Cañete-, es una de las más pobres del país. Según la Encuesta Casen de 2022, la pobreza alcanzó un 13,3%, siendo más del doble que el promedio nacional.

La militarización de la Macrozona Sur, la cual rige desde octubre de 2021, tampoco ha influido en desinhibir a los grupos criminales. Esto porque según el Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD), perteneciente a la Subsecretaría de Prevención del Delito, entre 2021 y 2023 hubo un incremento de delitos de mayor connotación social e infracción a la ley de armas.

[caption id="attachment_760381" align="alignnone" width="900"] Agencia Uno[/caption]

Hace un par de días, el fiscal nacional, Ángel Valencia, dijo que en la zona “muchas veces hay grupos que son calificables como terroristas, pero a la vez hay bandas de delincuentes comunes que son tanto o más violentas, que recurren a la violencia simplemente para tener control territorial, como el crimen organizado”.

En ese sentido, el exfiscal Cruz, quien en 2007 encontró un fusil M-16 en manos de un hombre en Tirúa, señala que el Estado se está enfrentando a un tipo de criminalidad que no existía antes.

“Son grupos que operan en territorios que conocen muy bien y respecto a los cuales ni las fuerzas militares ni de orden están preparadas. Podríamos estar frente a la instalación de un grupo guerrillero, ya con capacidad de fuego de otra naturaleza a la que estábamos habituados”, cierra.