Durante la maratónica jornada del día viernes, la Cámara de Diputados aprobó de forma unánime las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) para Carabineros y las Fuerzas Armadas, mientras que la norma para reponer la Justicia Militar fue declarada inadmisible.

Sin embargo, el Partido Republicano adelantó que insistirán en el Senado para que se repongan los tribunales castrenses. “El nivel de persecución que se está viendo hoy en los tribunales ordinarios de justicia es inaceptable”, argumentó el diputado Luis Fernando Sánchez.

Sin embargo, para el exfiscal Andrés Cruz, reponer los tribunales de justicia sería un error e incluso perjudicaría a los propios funcionarios de las Fuerzas Armadas.

“Los derechos de las víctimas están sumamente restringidos y, además, los derechos del imputado son prácticamente inexistente. Afectaría profundamente a quienes fueran perseguidos por este tipo de justicia y sería un retroceso a los derechos de los propios funcionarios de Carabineros y de las Fuerzas Armadas”, señala en conversación con El Desconcierto.

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Cruz fue quien estuvo a cargo de la investigación de la emboscada que, en octubre de 2008, sufrió la comitiva del fiscal Mario Elgueta en Puerto Choque, comuna de Tirúa, donde cuya camioneta recibió más de 300 impactos de bala.

El exfiscal señala que lo que está ocurriendo en el Congreso, a raíz de la muerte de los tres carabineros en Cañete, es “legislar sobre caliente”, más allá de la intención de mejorar las condiciones de los funcionarios de orden que se encuentran en la zona.

“El resultado sería absolutamente distinto y disímil, se le afectaría más, se relativizarían o se afectarían mucho más sus derechos, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva”, señala.

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Estado de Chile condenado internacionalmente

“Chile está condenado en materia internacional por utilizar la justicia militar en casos de delitos comunes”, señaló el ministro de Justicia, Luis Cordero, en la antesala de la discusión en la Cámara de Diputados.

En ese sentido, cabe recordar que el 22 de noviembre de 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), condenó al Estado chileno por aplicar la justicia militar para casos de orden civil.

En la sentencia de la corte internacional, se indica que el Estado chileno debe “adecuar, en un plazo razonable, el ordenamiento jurídico interno a los estándares internacionales sobre jurisdicción penal militar, de forma tal que en el caso de que considere necesaria la existencia de una jurisdicción penal militar, ésta debe limitarse solamente al conocimiento de delitos de función cometidos por militares en servicio activo”.

“Por lo tanto, el Estado debe establecer, a través de su legislación, límites a la competencia material y personal de los tribunales militares, de forma tal que en ninguna circunstancia un civil se vea sometido a la jurisdicción de los tribunales penales militares, en los términos de los párrafos 256 y 257 de la presente Sentencia”, agrega la CIDH.

Respecto a este punto, los cuestionamientos que se le hace a la justicia militar tienen relación a que afecta el derecho de los imputados a ser juzgados por un tribunal imparcial y no por un tribunal de una institución jerarquizada, donde los funcionarios son juzgados por sus propios superiores.

Ausencia del Estado

Para el exfiscal Cruz, uno de los puntos que hay que poner atención es el Estado de Excepción que hoy rige en la Macrozona Sur. “Es una brutalidad pensar que naturalizar algo que, per se, está pensado para ser excepcional, constituye la herramienta para poder enfrentar la criminalidad”, señala.

El segundo punto a considerar es la preparación que deben tener las fuerzas de orden, ya que, sin ella, finalmente se van a inhibir para actuar.

“Si tú vas a instalar Fuerzas Armadas en ese lugar, tienen que tener claridad en términos de qué pueden hacer. Porque si no tienen claridad y no tienen tampoco el apoyo político respectivo, los vas a inhibir. Y te van a decir que van a actuar, pero no van a actuar y finalmente vas a tener personal movilizado e instalado en un determinado territorio que no te va a servir para poder enfrentar de manera adecuada este tipo de criminalidad”, agrega.

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Cruz aclara que no es el primer caso de atentados en contra de fuerzas de orden con resultado de muerte, pero sí reconoce que el primero de estas características que deja muchas dudas sobre quiénes están operando.

“Hay que recordar que la investigación que a mí me correspondió desarrollar, sujetos emboscaron una comitiva disparando a matar utilizando lo que se denominaba ‘aniquilamientos’, por lo tanto sí, el resultado es inédito, la gravedad obviamente no se puede obviar, pero no es el primer carabinero que muere tiroteado y no es el primer enfrentamiento brutal que existe”, señala.

“Yo tengo un caso de dos adultos mayores, hace un par de años, que los obligaron a salir de rodillas. Ellos no son forestales ni nada, son profesores. Los obligaron a salir de rodillas de su casa a la orilla del lago Lanalhue (Provincia de Arauco) por un grupo de sujetos armados con fusiles, encapuchados, con uniforme y que los obligaron a que, arrodillados, observaran cómo le quemaban la casa”, recuerda.

El exfiscal Cruz señala que lo que se vivió en Cañete es consecuencia de la ausencia del Estado.

“Si tú me preguntas quiénes fueron, no necesariamente están vinculado con el conflicto (mapuche), pero la ausencia de Estado, la impunidad con la que actúan estos grupos, las circunstancias que hoy, donde hay predios que continúan tomados con protección de encapuchados con armamento alto calibre que no han sido erradicados, obviamente que organizaciones de carácter terrorista o de carácter delictual de esta naturaleza no es porque existe una inquietud ideológica muy grande, sino porque es muy rentable cometer delitos en esa zona”, señala.

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Prácticas criminales llevadas a zonas rurales

El exfiscal Cruz valora que a cargo de la investigación del crimen de los tres carabineros esté el fiscal Roberto Garrido, quien hace algunos días señaló que el crimen “fue una demostración de fuerza y control territorial, un mensaje para las autoridades del Estado”.

En ese sentido, Cruz no oculta su preocupación ante la posibilidad de que se esté frente a un grupo con prácticas urbanas.

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“Si tiene ribetes, como te digo, de estar constatando en zonas rurales prácticas urbanas que si van unidos, ojalá que no, pero si van unidos con un componente político esto sería un poco más complejo porque como son grupos muy pequeños o grupos que operan en territorios que conocen muy bien y respecto a los cuales ni las fuerzas militares ni de orden están preparadas, podríamos estar en la materialización o la instalación de un grupo guerrillero ya con capacidad de fuego de otra naturaleza a la que estábamos nosotros habituados”, señala.

“Pueden ser sujetos que tienen un nivel de preparación superior al resto en relación con sujetos que viven en el mismo lugar. Recordemos que los niveles de pobreza son súper grandes. Por lo tanto, tú tienes ahí una cantera de individuos que se van a prestar para los efectos de poder subsistir, amparados con estos individuos que tienen un nivel de preparación que es claramente superior”, cierra.