Tras una extensa jornada de legislación, ayer jueves la derecha, junto a Demócratas y Amarillos, logró incorporar un artículo para reponer las atribuciones de la justicia militar en el proyecto de ley que pasa a rango legal las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), lo que significó un duro golpe para el gobierno y las fuerzas oficialistas. 

Por 14 votos a favor y 12 en contra, la comisión unida de Seguridad y Constitución de la Cámara visó la indicación presentada por fuerzas de oposición, pasando así su discusión a la Sala que sesionará este viernes a las 16.00 horas. 

La medida fue celebrada por personeros de Chile Vamos y el Partido Republicano, sectores que destacaron que con la nueva norma que repone ciertas facultades de los tribunales militares se está dando mayor “garantía” al actual policial y del Ejército.

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“Nos vamos con una presunción que le permite tener la tranquilidad a aquellos que cumplen la ley, de que van a ser juzgados razonablemente por la justicia especializada. Yo trataría de bajarle el volumen a aquellas polémicas que surgen de razones ideológicas y espero que tengamos claro que acá lo que se pretende con la justicia militar es que haya una justicia especializada para juzgar a aquellos que les estamos pidiendo salir de sus funciones, para enfrentar cosas de orden público”, sostuvo el diputado Diego Schalper (RN) tras aprobarse la norma. 

Su par de Republicanos, Luis Sánchez, apuntó directamente al Ministerio Público como motivo para impulsar la norma deslizando que en el Poder Judicial existe una especie de “activismo” contra uniformados.

“Es un acto de justicia (reponer la justicia militar). Durante mucho tiempo hemos visto un actuar excesivo por parte de la Fiscalía en cuanto a cómo tratan a militares y carabineros que salen a la calle a cumplir con una instrucción de superiores”, sostuvo el diputado del Partido Republicano. 

En la sesión de la comisión unida, el presidente de la instancia y a la postre voto clave para que la indicación avanzara en su trámite, Miguel Ángel Calisto (Demócratas) argumentó a favor de la norma que “necesitamos mayores garantías para que nuestros militares salgan a respaldar la labor de las policías. Por eso sale esta propuesta”.

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La norma 

¿Qué propone la norma? Según lo que menciona el proyecto la idea es que las competencias de los tribunales militares operen en cuatro contextos diferentes: en los estados de excepción, protección de infraestructura crítica, en actuaciones de militares es eventos eleccionarios y en la protección de la frontera. 

En ese sentido, la indicación detalla que la justicia militar operará para juzgar “los delitos imputados a militares en actos de servicio militar, en cumplimiento de sus labores o con ocasión de ellas” y que estos casos “serán siempre conocidos por los tribunales señalados en el artículo primero del Código de Justicia Militar”.

En ese sentido, el artículo 3 del decreto 2226 que regula este tipo de justicia indica que los tribunales militares pueden conocer los casos cuando: 

a) Acontezcan dentro de un territorio ocupado militarmente por las armas chilenas.

b) Se trate de delitos cometidos por militares en el ejercicio de sus funciones o en comisiones del servicio. 

c) Cuando se trate de delitos contra la soberanía del Estado y su seguridad exterior o interior contemplados en este Código. 

d) Cuando se trate de los mismos delitos previstos en el número anterior, contemplados en otros Códigos y leyes especiales, cometidos exclusivamente por militares, o bien por civiles y militares conjuntamente.

Cabe destacar que la legislación, en caso de aprobarse, funcionaria tanto para miembros del Ejército, como para funcionarios de Carabineros. 

Asimismo, se deja fuera a los civiles de la competencia de los tribunales militares. “En ningún caso o circunstancia los civiles que hayan intervenido en esos hechos podrán ser juzgados por los tribunales militares”, dice la norma. 

Estrategia oficialista para frenar indicación

Pese a que supuso un duro golpe que la indicación pasara a Sala, lo cierto es que en las filas oficialistas hay tranquilidad por dos razones: la norma sería inconstitucional en forma y fondo, además de que por ser ley de quórum calificado tiene que obtener 78 votos, los cuales la oposición no tendría. 

Sobre lo primero, la ministra del Interior, Carolina Tohá, confirmó esta mañana en entrevista con Radio El Conquistador que el Ejecutivo hizo reserva de constitucionalidad de la indicación, ya que el proyecto se ingresó como moción del gobierno, por lo que para innovar en la materia se debe contar con el apoyo de la cartera que dirige. 

“Como Ejecutivo hemos planteado un reparo de inconstitucionalidad, porque está fuera de las ideas matrices del proyecto. Este no es un proyecto respecto a la jurisdicción, es un proyecto respecto a la ley sustantiva”, sostuvo la ministra. 

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