Reconocimiento territorial es el concepto por el cual la nueva Ley de Estabilización de Tarifas propone una rebaja en las cuentas de la luz para aquellas comunas que históricamente han recibido las externalidades negativas de la generación de energía a través de termoeléctricas.

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Se trata de las conocidas como zonas de sacrificio ambiental, y ahora elegidas por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático como “comunas en transición”: Tocopilla, Mejillones, Huasco, Puchuncaví, Quintero y Coronel.

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Así, los hogares de estas comunas verán una rebaja de entre 20% y 30% en las cuentas de la luz, dependiendo de la comuna y la actualización de los decretos tarifarios. El beneficio se aplicará de manera automática a partir del segundo semestre de 2024.

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En el país, 10 centrales termoeléctricas han cerrado y otras 10 tienen fechas de cierre o reconversión agendadas entre 2024 y 2025. Las restantes ocho plantas no tienen aún fecha de cierre. Las personas que viven en estas comunas presentan riesgos de padecer enfermedades relacionadas con la contaminación, como cáncer de pulmón, mucho más altos que el promedio nacional.

Polémica estabilización de tarifas

La ley aprobada por el Gobierno para estabilizar las tarifas de la luz generó un fuerte desacuerdo entre Senadores y Diputados. Esto porque el mecanismo del Ejecutivo evita un alza empinada en las tarifas, pero a cambio aumenta la deuda y la extiende hasta el 2035, por lo que hasta ese año no habría una rebaja en las tarifas.

Mientras tanto, desde la Cámara de Diputados proponían un mecanismo alternativo en que se renegociaran los contratos con las empresas generadoras.

Según el director de la ONG Energía para Todos e impulsor del proyecto que proponían los Diputados, Javier Piedra, el beneficio para zonas de sacrificio termina siendo un subsidio cruzado, ya que la disminución viene acompañada de un aumento en el resto de las comunas.

Además critica que cuando se retiren las termoeléctricas de aquellas comunas, la tarifa volvería a la normalidad. “No existe un mecanismo de compensación por los años de funcionamiento”, sostiene.