Es difícil que el abogado Claudio Cofré pase desapercibido. Tanto por su personalidad, su contextura física como por su estilo al vestirse.

Toda su ropa está hecha a medida. Viste una chaqueta azul marino que está adornada con un pañuelo que asoma desde su bolsillo izquierdo. No ocupa corbata y su camisa a rayas tiene bordadas sus iniciales, tal como todas las que se ha mandado a hacer. Ocupa jeans azules de tiro recto y ancho que rematan en unos zapatos de cuero de algún reptil, los cuales combinan con las gafas Ray Ban de marco dorado que lleva puesto. Nada es extremadamente llamativo, pero en su conjunto se genera una particular sinergia.

Las últimas semanas Cofré ha llamado la atención no por su estilo al vestirse, sino por ser el abogado de quienes son apuntados por el Ministerio Público de conformar la cúpula del Tren de Aragua en Chile, la temida banda que ha transformado el crimen organizado en América Latina y que sus tentáculos estarían en Colombia, Ecuador, Perú, Chile e incluso Estados Unidos.

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En noviembre del año pasado el fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, presentó la acusación en contra de 12 presuntos miembros de la banda criminal, la que describió como “la primera organización que cumple con todas las características del crimen organizado trasnacional según las definiciones de la Convención de Palermo, en ser formalizada en el país”.

[caption id="attachment_910564" align="alignnone" width="900"] Abogado Claudio Cofré/Foto: Felipe Avendaño[/caption]

Entre los representados por Cofré está Carlos González Vaca, sindicado por el Ministerio Público como la cabeza del Tren de Aragua en Chile y quien le reportaría directamente a Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, el líder y uno de los “tres papás” que manejan la organización criminal desde la cárcel de Tocorón en Venezuela.

Sin embargo, para el abogado Cofré sus representados no son miembros del Tren de Aragua, sino que todo sería consecuencia de la necesidad de las autoridades chilenas de buscar un responsable por el aumento de los delitos violentos.

“El Estado se ha puesto en la posición de que esta gente hay que condenarla a como dé lugar”, dice Cofré en entrevista exclusiva con El Desconcierto.

El abogado señala que es una causa sobredimensionada. “Como está tan en crisis el tema de la persecución de los delitos, entonces dicen ‘estos tienen la culpa’”.

Cofré, quien hasta 1997 se desempeñó como oficial de carabineros para luego estudiar Derecho en la Universidad Bolivariana, no cree que el Tren de Aragua esté en Chile.

“Yo creo que aquí llegó mucho venezolano que tiene una cultura criminal distinta y eso es el tema. Que se conocen, por cierto, se conocen (…) pero eso es la cultura criminal venezolana, que es muy distinto a hacer crimen organizado. No tiene que ver con el crimen organizado”, señala.

[caption id="attachment_910555" align="alignnone" width="900"] Fiscal Héctor Barros/Captura de pantalla[/caption]

En marzo de este año y tras la formalización del único imputado por el secuestro y homicidio del exmilitar venezolano, Ronald Ojeda, el fiscal Héctor Barros, señaló que el crimen estaba vinculado con el Tren de Aragua.

Sin embargo, Cofré no cree que esté involucrada la banda criminal originaria de Tocorón.

“Yo creo que no, yo creo que no. Es una operación de inteligencia que tiene un objetivo claro, el eliminar esa persona, por algo se manda el video. Es una operación, se juntaron, se hizo, lo mataron y se fueron”, dice.

Carlos González Vaca, alias “Estrella”

En la acusación de 186 páginas presentada en noviembre pasado por el fiscal Arancibia, apunta al ciudadano venezolano Carlos Leonardo González Vaca, de 34 años, como la persona que “ejerce en Chile la jefatura del grupo y reporta al jefe (Niño Guerrero) de la banda en Venezuela”.

El Ministerio Público pide presidio perpetuo para González Vaca, a quien acusa de los delitos de secuestro calificado, secuestro con homicidio, además de 20 años de cárcel por asociación ilícita.

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Pero para Claudio Cofré, ese perfil dista mucho del González Vaca que ha conocido en su calidad de abogado.

“Carlos es muy inteligente, es muy educado, muy caballero, muy respetuoso. La señora se preocupa mucho de él. Su cuñado lo viene a ver, le viene a dejar las encomiendas, le viene a dejar la ropa. Es muy respetuoso, le gusta leer, no tiene un vocabulario soez”, explica Cofré.

Agrega que González Vaca está sorprendido por las cosas que ha hecho en sistema penal chileno en su contra. “Me dice ‘yo no mataba una mosca, me tildan como si yo fuera jefe, todo lo que pasa afuera en la calle me lo recriminan, me dicen venezolano tal por cual. ¿Por qué nos hacen esto? ¿porque somos venezolanos?’”.

Cofré coincide en cierta medida con lo expresado por González Vaca, respecto a que el hecho de ser venezolano les ha pesado.

“En cierta medida tienen razón. Se formó la imagen del colectivo ciudadano de que en un delito siempre están metidos los venezolanos. Ya no es el colombiano, no es el boliviano que trae droga, sino que es el venezolano que anda matando, que es el sicario”, explica.

Pero para el Ministerio Público, los representados por Cofré son criminales de la más alta peligrosidad, como es el caso de Hernán Landaeta Garlotti, alias “Satanás”, quien a sus 26 años es considerado por la fiscalía como el sicario más temido del Tren de Aragua.

[caption id="attachment_910554" align="alignnone" width="900"] Abogado Claudio Cofré/Foto: Felipe Avendaño[/caption]

La Fiscalía de Iquique tiene como prueba un video de marzo de 2022 en el que Landaeta ejecuta a una de sus víctimas disparándole al menos en seis ocasiones a corta distancia.

A diferencia de González Vaca, el abogado describe a Landaeta como una persona más retraída. “Él es más observador porque no confía en todo el mundo”, dice Cofré.

Falencias en el sistema penitenciario

Pese a que no se tiene exactitud de cuándo y cómo se formó el Tren de Aragua, se cree que sus inicios se remontan a 2014 y que la cárcel de Tocorón es el centro de operaciones donde Niño Guerrero, junto a los otros dos “papás”, manejan todas las operaciones de la banda criminal, tanto en Venezuela como fuera de sus fronteras.

Lo que logró Niño Guerrero en Tocorón fue algo que pocas bandas han conseguido: dar vuelta una cárcel y controlarla prácticamente en su totalidad, donde, según pudo apreciar la periodista venezolana, Ronna Rísquez, tienen piscina, discoteque, cancha de baseball, y hasta un banco con un sistema propio de cajeros automáticos.

En definitiva, Tocorón es una expresión de cómo el hacinamiento, las malas condiciones penitenciarias y la precariedad pueden convertirse en un caldo de cultivo para el surgimiento de grupos criminales que pueden operar tanto al interior como afuera de los penales.

Para contrarrestar que los reclusos puedan operar desde las cárceles, en Chile se comenzará a implementar inhibidores de señales de celulares, específicamente en el perímetro en el que se ubica el penal Santiago Uno y la ex Penitenciaría.

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Sin embargo, para Cofré el problema es Gendarmería, ya que, según dice, son los gendarmes quienes venden los teléfonos a los reclusos.

“Tú vas a Santiago Uno, allanas todo Santiago Uno y encuentras 800 teléfonos, 2000 teléfonos, 5000 teléfonos. Yo digo, ¿quién le vende los teléfonos? No me vengan a decir que son los abogados que entran teléfonos, porque eso no es así. Los que venden los teléfonos son los gendarmes. Esos son los que venden drogas, teléfonos. Y pasan cosas. No son los abogados, mentira”, afirma Cofré.

“Podemos ver un abogado a la vez a las mil pasando drogas, pero en los últimos 10 años creo que hay 3 o 4. No falta el pelotudo”, complementa.

[caption id="attachment_267034" align="alignnone" width="900"] Agencia Uno[/caption]

En diciembre de 2023, según La Tercera, Gendarmería cifró en 1.282 las bandas al interior de las cárceles chilenas, con cerca de 4 mil integrantes y 600 líderes. Penales que en su mayoría están sobrepobladas y con altos índices de hacinamiento.

Este fin de semana, el secretario nacional de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, Jokan Garrido, valoró la medida para inhibir la señal de celulares, pero advirtió hacinamiento, falta de personal y elementos de seguridad en cárceles.

Sin embargo, el abogado Claudio Cofré es tajante: “mientras no se limpie la corrupción en Gendarmería, no se va a acabar el tema de los teléfonos".

“¿Por qué tienen que colocar elementos de esa naturaleza? Si lo que es normal que debieran hacer es que no debieran tener teléfonos. ¿Por qué van a gastar cientos de millones de pesos colocando bloqueadores cuando las cárceles no debieran tener teléfonos? Preocúpense de que los gendarmes no vendan teléfonos. Ese es el problema”, dice.

“El problema es Gendarmería. Ese es el problema. Entonces ya no te vas a poder hacer el doble sueldo vendiendo teléfonos. Porque un teléfono dentro de la cárcel vale un millón de pesos. 800 lucas, eso vale un teléfono. Y no lo vas a poder tener”, agrega.

“Desde el momento en que hay teléfonos, uno tiene que entender quién pasa el teléfono. Si cuando tú vas a la cárcel no te dejan ni siquiera entrar el reloj. Y pasas por dos máquinas, tres máquinas de seguridad. Entonces imposible llevar teléfonos. Ellos pasan los teléfonos. Ellos venden los teléfonos. Porque tú vendes tres o cuatro teléfonos al mes y tú te haces tres o cuatro millones, tres millones de pesos”, cierra.