Envuelta en polémicas, la Ley de Incendios fue aprobada en su primer trámite por la Cámara de Diputados y despachada al Senado. Se eliminaron en la discusión algunos de los artículos más aclamados por la ciudadanía como la prohibición de hacer proyectos en suelos incendiados, o la responsabilidad para privados de implementar cortafuegos en sus predios.

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La esencia del texto aprobado apunta a mapear aquellas zonas con riesgo de incendios en todo el territorio nacional e imponer medidas y limitaciones a las actividades que allí se realicen. Será el reglamento de la ley y los instrumentos de ordenamiento territorial los que determinen las medidas específicas.

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Zonas de interfaz

Una de las primeras disposiciones del proyecto es que, a medida que se van actualizando los Planes Reguladores Comunales (PRC), estos deberán identificar las zonas de interfaz urbano rural; aquellas donde las casas de encuentran con áreas naturales, y donde existe el mayor riesgo de desastre por incendios forestales.

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Los PRC deberán establecer medidas a tomar para reducir la ocurrencia de incendios, como regular las edificaciones o controlar la vegetación. Una vez establecidas estas zonas, los nuevos proyectos emplazados en ellas deberán cumplir con las normas señaladas por el PRC.

Regulación forestal

El texto también establece que el Servicio Nacional Forestal (Sernafor) deberá clasificar todo el territorio por el grado de amenaza bajo, medio, alto o crítico de incendios, y establecer medidas técnicas para las plantaciones y bosques nativos. Todas aquellas formaciones vegetales que se encuentren en zonas de riesgo alto o crítico y que no tengan plan de manejo aprobado deberán contar con un plan preventivo.

El plan preventivo debe contener las acciones y medidas para disminuir la velocidad e intensidad de un incendio o cortafuegos dificultar su propagación.

También se establecerán zonas de amortiguación donde se tomarán medidas para reducir o eliminar la vegetación, como los cortafuegos, las podas, la corta de cosechas y el manejo de residuos forestales.

Un punto que generó polémica en la discusión parlamentaria es que las medidas deberán ser ejecutadas por los dueños de los predios, aunque podrán ser indemnizados por el daño patrimonial causado.