Milei y su intento de cerrar Télam: ¿una jugada con fines presupuestarios o para callar voces?
Poco después de terminado el vallado, a las 0:31, recibimos un mail del interventor de la agencia, Diego Chaher, un escueto mail en el que autorizaba a los más de 700 trabajadores a no prestar obligaciones laborales por una semana, con goce de sueldo.
La modalidad profundamente antirrepublicana de la decisión sorprendió al mundo periodístico argentino y mundial-El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA) calificó el hecho como “uno de los peores ataques a la libertad de expresión de los últimos 40 años de democracia” y la prensa mundial encabezó la noticia con un tono similar.
Mientras escribo estas líneas, 48 horas después, el Gobierno aún no publica un decreto, una resolución, una ley, ni ningún acto administrativo que avale-justifique- tal decisión.
¿Cuál es el objetivo de este hecho de fuerte contenido simbólico?
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Una larga historia de casi 79 años de tiras y aflojas
La agencia fue creada bajo el nombre “Telenoticiosa Americana” y conocida históricamente por su acrónimo Télam, el 15 de abril de 1945 por el entonces secretario de Trabajo y luego tres veces presidente Juan Domingo Perón, bajo un esquema de capitales mixtos público-privado.
En el año 1959, bajo la presidencia del radical Arturo Frondizi, fue privatizada. Cuatro años después, el presidente José María Guido la clausuró por “difundir informaciones falsas y tendenciosas”. En 1968, el dictador Juan Carlos Onganía decidió su estatización.
A principios de la década del 70, cuando los países no alineados debatían el NOMIC (Nuevo Orden Mundial de la Información y Comunicación), Télam se erigió como una herramienta para concretar este proyecto que buscaba equilibrar los flujos globales de información vía acciones gubernamentales, y permitir que los países en vías de desarrollo pasaran de ser meros receptores de los flujos de información generados por terceros Estados a ser productores de ellos.
Durante la última dictadura, a partir del 24 de marzo de 1976 la agencia experimenta un gran crecimiento y el Gobierno de facto asume la necesidad de producir información nacional para encubrir la represión, mientras la usaba como plataforma de difusión sobre la Guerra de Malvinas, con informaciones muchas veces falsas, entre ellas la famosa frase “Estamos ganando”.
Raúl Alfonsín (1983 y 1989), apoyó el crecimiento de la agencia e impulsó la apertura de una corresponsalía en Europa, pero pocos años después durante los dos gobiernos de Carlos Saúl Menem (1989-1999) y el de Fernando de la Rúa (1999-2001), hubo intentos por liquidar la agencia.
En el año 2001, últimos estertores del gobierno de De la Rúa, se unificaron los medios de comunicación públicos (TV Pública, Radio Nacional dentro del Sistema Nacional de Medios Públicos.
El Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), también ensayó una intentona de reestructuración que incluyó el despido de más de 367 trabajadores en el año 2018, pero la intervención de la Justicia y tras un histórico paro –el más importante de la historia periodística argentina- , todos esos empleados pudieron volver a su trabajo. El intento de Javier Milei, por lo tanto se encuentra con una historia de fracasos, una fuerza gremial importante y un entramado jurídico nada fácil de sortear.
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El cierre: Razones van, razones vienen
Una agencia de noticias es una esepecie de mayorista de la información, un espacio que la provee medios de comunicación de su propio país y del mundo. De los 35 Estados soberanos en América Latina y el Caribe, al menos 10 de ellos cuentan con agencias estatales de noticias.
El actual debate político ideológico sobre el intento de cierre de la agencia argentina se centra en unos pocos ejes: su financiamiento, en el agujero fiscal que genera, en que concentra un flujo de información que perfectamente podría ser reemplazado por Twitter, y por último, que ha sido una usina de propaganda kirchnerista, y que la información producida allí no la usa nadie.
En tiempos de posverdad y Fakenews y conceptos que circulan toda velocidad, sin contrastación alguna y se repiten ad-infinitum, resulta necesario debatir algunos de estos argumentos:
Télam es un espacio informativo concebido para consagrar el derecho a la información, propiciar una circulación plural de las noticias, impulsar el respeto el federalismo y –sobre todo- propender a que la información no se conciba como una mercancía, sino como un derecho de todos los habitantes de Argentina.
Desde ese punto de vista, quienes defienden su permanencia sostienen que el criterio de evaluación de ésta no puede ser económico, como si se tratara de un supermercado. La comparación pertinente sería con un Hospital Públíco o una Universidad Pública, pues se trata de sostener una política pública (el Derecho a la información, la Salud, y la Educación) y NO la obtención de lucro, algo que, de ocurrir, dejaría a los consumidores y ciudadanos a la intemperie, o a merced de “El mercado”.
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Cobertura y uso de sus productos informativos
Télam es la única agencia de noticias que tiene corresponsalías en toda Argentina (ver mapa), en sus 23 provincias.
Es imperativo aclarar que en las últimas dos décadas el modelo de negocio de los grandes medios (y de los nuevos y más pequeños), caracterizado por redacciones cada vez más chicas y dependientes del material de agencias “se construyó sobre la base de su abultada y confiable cablera”, sostiene la periodista Laura Carpineta.
Un relevamiento del sindicato de prensa de Buenos Aires (Sipreba), revela que en octubre de 2023 la agencia tenía como clientes pagos a 803 medios y, solo ese mes, se publicaron 20.261 piezas informativas: 12.844 fueron cables (como se llaman a los artículos), 6.030 fotos, 761 boletines (de radio), 402 videos, 153 audios, 72 infografías. En total, se registraron 450.005 descargas o visitas totales.
¿Usina de propaganda?
A pesar de que Télam existe hace casi 79 años, y que el kirchnerismo nació en 2003, la derecha vino construyendo la idea de que la agencia históricamente ha sido una usina de pensamiento kirchnerista, obviando el evidente cortocircuito que se produce con el sencillo ejercicio de dibujar dos líneas de tiempo y sobreponerlas.
Es cierto si, nobleza obliga, que la línea editorial durante cada gobierno ha sido aprovechada para direccionar la información y también invisibilizar información “inconveiente” para cada Gobierno, pero eso no fue exclusividad del matrimonio Kirchner, sino Perón, Frondizi, Guido, Onganía, Videla, Alfonsin, Menem, De la Rúa, Duhalde, los Kirchner, Macri…y quizás Milei, si no logra –como pretende por ahora con escaso sustento legal. Cerrarla. Esto, que es un problema que atañe a los gobiernos y no a la agencia, debe corregirse, pero no explica su eliminación.
La hipótesis del apagón informativo
Quizás la verdadera razón de esta intentona gubernamental haya que buscarla no tanto en lo que Télam hace mal, sino –por el contrario- en lo que Télam hace bien.
El intento de cierre, privatización (o cualquiera que sea la forma que tome finalmente esta embestida) se produce en momentos en que la realidad económica del país muestra signos de un empeoramiento cuya velocidad tiene escasos antecedentes (o ninguno) en la historia argentina, y nada hace prever que estos guarismos se modifiquen en favor de las grandes mayorías, tremendamente golpeadas por una inflación que –aunque en gran medida responsabilidad de la administración anterior- Milei multiplicó.
En este escenario es difícil que los medios oficialistas, vinculados al poder económico, e incluso medios medianamente opositores tengan los recursos, el impulso editorial o la decisión de publicar despidos, huelgas o atisbos de resistencia y conflictividad que ocurran en las provincias durante los próximos meses, que se anticipan ásperos en la relación del gobierno y los trabajadores.
Télam y pobreza
Argentina muestra niveles de pobreza alarmantes, que el Gobierno anterior de Alberto Fernández (2019-2023) dejó en 45% y la administración de Milei elevó hasta el 60%, según relevó hace unas semanas el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA.
Un cliché ampliamente difundido por la derecha hace años es que la agencia Télam y otros organismos públicos es una de las causas de la creciente pobreza en la Argentina, a pesar del minúsculo porcentaje que representan del PBI.
Según el relevamiento de Sipreba, desde 2020 hasta agosto 2023, y con la excepción del 2021 (año en que sus contenidos fueron liberados por la pandemia), la agencia fue mejorando sustantivamente su administración financiera. De hecho, en este período las transferencias corrientes desde la administración central cayeron en más de un 36%.
No existen por ahora las cifras que permitan confirmar o desmentir la proyección que lanzó el lunes el vocero presidencial, Manuel Adorni, que en su conferencia de prensa diaria que la agencia "tenía una pérdida estimada en $ 20.000 millones" para este año.
Cifras más, cifras menos, está claro que, como modelo de negocios, una agencia de noticias no resulta rentable. Pero aceptar ese argumento es aceptar automáticamente la lógica neoliberal de que todo debe ser mensurado y evaluado de acuerdo a los beneficios económicos que trae, de acuerdo al flujo de caja como si fuera un kiosko, un supermercado o una tienda.
Esa es una batalla cultural que el poder económico supo inyectar en nuestra subjetividad con una maestría que –admito- es envidiable.
Los trabajadores de Télam sostienen que el criterio de evaluación del funcionamiento de la empresa debe ser radicalmente diferente: ¿propicia una circulación de información soberana?, ¿distribuye esa información de modo federal, democrático y plural?, ¿permite a medios independientes (del poder económico) competir con los grandes conglomerados mediáticos, o almenos facilita esa competencia?, ¿ disputa la agenda que imponen los medios del poder económico?
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Agencias versus Twitter
Ramiro Marra, un alto dirigente del oficialista partido La Libertad Avanza (LLA), declaró en una entrevista televisiva que la agencia “no es necesaria porque para eso existe la red X (Twitter)”, un argumento que parece sumar adeptos.
Resulta sorprendente que alguien pretenda reemplazar un intercambio de orden doméstico, no sometido a chequeo, sin confirmación ni contrastación, sin filtros, sometido al estado de ánimo del momento, circunscripto a unos pocos caracteres y enmarcado en una lógica de la inmediatez, de la información, con el minucioso trabajo profesional que implica el chequeo de la información, la definición del contexto, y los diferentes niveles de edición que conlleva hasta llegar a su final publicación.
Quizás el mejor ejemplo de este punto lo haya brindado –paradójicamente- el propio presidente Milei, quien el martes aseguró en su presentación en una exposición de representantes del Agro (Expoagro), que la administración de Alberto Fernández en la quinta de Olivos (casa oficial de los mandatarios argentinos) “almorzaba y cenaba con champagne Cristal todos los días”, una bebida cuyo valor es de más de un millón de pesos (U$ 1.000).
Claro, el presidente reprodujo una fakenews con origen en las redes sociales. Si hubiera tomado el recaudo de, antes de informarse por X (Twitter), hacerlo por un medio serio, como Télam, con periodistas que chequean la información y la hacen pasar por todo el circuito de revisión, corrección y edición que la transforma en una noticia confiable, hubiera evitado cometer este error.
El hecho le jugó una mala pasada a Milei, que debió salir a disculparse.