Mientras en Chile Vamos insisten en su llamado al gobierno a retirar las querellas contra Sebastián Piñera derivadas del estallido social, tras el mea culpa de Gabriel Boric el día del funeral del exmandatario, desde La Moneda recalcan que no hay acciones judiciales dirigidas al fallecido de parte de la actual administración del país.

“Cuando el presidente habla de querellas, tiene que ver con los incordios, y es sumamente claro”, sostuvo la ministra vocera, Camila Vallejo.

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Pidiendo no sobrereaccionar ante las palabras del Presidente el viernes último, la secretaria de Estado aclaró que el gobierno no está involucrado en ninguna acción judicial contra Piñera.

¿Con qué querellas carga el exmandatario? A través de una revisión de una docena de ellas presentadas desde 2019 justamente contra el entonces presidente, el medio ExAnte detalló que estas tuvieron su génesis en acusaciones de delitos de lesa humanidad, lesiones graves y torturas tras el 18 de octubre y decisiones del gobierno en medio la pandemia del Covid, además de las derivadas a causa del surgimiento de nuevos antecedentes del caso Dominga.

Tras ellas, estaban abogados del Frente Amplio (FA) y la actual ministra Javiera Toro (Desarrollo Social), acción a la que la secretaria de Estado posteriormente renunció, que se suma a la presentada por exconvencionales de la Lista del Pueblo, mientras que en el caso de Dominga, quien lideró esta arremetida judicial fue la actual presidenta del PS, Paulina Vodanovic.

Paralelamente, se adicionan acciones nominativas contra el fallecido expresidente que fueron presentadas por la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) y la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, casa de estudios de Gustavo Gatica, emblemático rostro de la represión durante el estallido social.

Se trata de causas que ya se empezaron a sobreseer como consecuencia del fallecimiento de Piñera la semana pasada, en Lago Ranco.

Desde Navarro a Vodanovic

El detalle de las querellas y sus patrocinantes en el listado adjunto:

Alejandro Navarro. El 14 de diciembre de 2019 el entonces senador del Movimiento Amplio Social (MAS) presentó una querella por delitos de lesa humanidad contra Piñera, acción a la que sumó a los exministros Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel, además del general director de Carabineros de la época, Mario Rozas.

“Lo que estamos viendo hoy día en las calles es violencia estatal de facto, que no tiene absolutamente ningún respaldo normativo para las facultades que están ejerciendo los jefes militares”, se leía en ella.

A la embestida de Navarro se sumó a una querella presentada contra el malogrado presidente, en noviembre del año 2019, por el abogado Nicolás Toro y otros, por el mismo delito.

Javiera Toro. Corría enero de 2020 cuando un grupo de dirigentes del FA, liderados por la excandidata presidencial Beatriz Sánchez, presentó una querella por delitos de lesa humanidad contra de Piñera, sumando además a ella a los exministros Chadwick y Blumel, el general Rozas y el exintendente Felipe Guevara, materializada a través de un escrito ingresado por los abogados Leonardo Rissetti, Matías Silva y, agregada a mano, la actual ministra Javiera Toro.

Pasado el tiempo, y de acuerdo a lo que publicó El Líbero, Toro abandonó la representación de la causa antes de que Boric asumiera el mando del país.

Manuel Woldarsky. En diciembre del 2020, el abogado que luego asumiría como convencional, a propósito del frustrado primer intento por dotar al país de una Carta Magna elaborada en democracia, presentó una querella por torturas contra Piñera en la que también incluyó al ministro del Interior de la época, Rodrigo Delgado, el subsecretario Francisco Galli, el general Mario Rozas y el exintendente Felipe Guevara.

Respecto de la causal de la acción, estuvo en la afectación de un manifestante de 47 años que recibió el chorro del carro lanza aguas en noviembre de 2020.

Paulina Vodanovic. En octubre del año 2021, la actual presidenta del PS presentó una querella contra Piñera por tráfico de influencias y cohecho, acción movilizada por un reportaje de Ciper que reveló que la familia Piñera Morel fue la mayor accionista del proyecto Dominga, hasta que en diciembre de 2010 decide vender su participación a Carlos Alberto Délano.

Se trató de un contrato que se suscribió en las Islas Vírgenes y consideraba un pago de tres cuotas. La última de ellas dependía de que no hubiera cambios regulatorios que se interpusieran en la instalación de la mina y su puerto. Las modificaciones aludidas, sin embargo, se decidirían durante el primer gobierno del fallecido presidente.

Paralelamente a la publicación de los nuevos antecedentes, la fiscalía abrió una investigación penal para aclarar las circunstancias de los hechos.

A esta querella de Vodanovic, se adicionó la que presentó el abogado Luis Mariano Rendón.

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