Una causa por violaciones a los derechos humanos en el contexto del estallido social contra el expresidente Sebastián Piñera quedó pendiente a causa de su trágico fallecimiento. Ahora, a dos días de su muerte, se solicitó su sobreseimiento definitivo de dicho proceso judicial en que figuraba como imputado.

El encargado de elevar el requerimiento ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago fue el abogado querellante Luis Mariano Rendón, quien cuestionó la “lentitud” de la Fiscalía en el caso.

“Desgraciadamente la Fiscalía fue extremadamente lenta y no se arribó a ninguna conclusión judicial antes de la muerte de Sebastián Piñera (…) El debate jurídico quedará inconcluso para siempre a su respecto”, sostuvo el jurista.

La acción se debe a que el Código Penal, en su artículo 93, se establece que la responsabilidad penal se extingue a causa del fallecimiento de un imputado o querellado, lo que es el caso del exmandatario. Por lo mismo, el tribunal, dicen involucrados en la causa, seguramente accederá a sobreseer al exjefe de Estado.

En todo caso, el seguro sobreseimiento del Piñera no implica que los otros imputados también lo sean, por el contrario, siguen a la espera de la decisión del Ministerio Público de formalizar o no la investigación.

En esta causa figuran como querellados los exministros de Piñera, Gonzalo Blumel y Andrés Chadwick, primo hermano de Piñera; junto a los exsubsecretarios Juan Antonio Galli y Rodrigo Ubilla.

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La investigación

El proceso judicial contra Piñera se inició en su propio mandato, a pocas semanas de que estallaran las protestas de octubre de 2019.

El 17 de diciembre de ese año, se admitió a trámite la querella presenta por el entonces senador Alejandro Navarro por la eventual responsabilidad del mandatario en ejercicio por las violaciones a los DD.HH. ocurridas en las manifestaciones.

Así, tras dos años de investigación, la primera fiscal a cargo de investigar la causa, Claudia Perivancich, citó a declarar al exmandatario el 18 de julio de 2021.

En su declaración, Piñera sostuvo que la “violencia inusitada” vista el 18 de octubre provocó “la superación de las fuerzas de orden público” lo que tuvo como consecuencia su decisión de decretar estado de excepción. “Desde ese mismo momento, mi preocupación principal fue cómo recuperar el orden público y, al mismo tiempo, garantizar el respeto por los derechos humanos”, dijo ante la fiscal.

Cuando la investigación pasó a la fiscal Ximena Chong —en agosto de 2022— el exmandatario debió volver a prestar declaración y, al igual que la primera instancia, no hizo uso a su derecho a guardar silencio y contestó todas las preguntas de la persecutora.

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En ese sentido, uno de los cuestionamientos que recayó sobre Piñera en el estallido fue la “inacción” de su gobierno frente a los atropellos de los derechos de los manifestantes por parte de las fuerzas policiales, situación que terminó con 220 personas con algún tipo de trauma ocular, siete muertos y 194 denuncias por violencia sexual.

Sobre esto, Piñera declaró ante Chong: “Cuando teníamos información respecto de abusos de derechos humanos, de lesiones oculares, de lesiones por perdigones o por uso de bombas lacrimógenas no dejaba indiferente al gobierno, era tema de preocupación y acción central del gobierno y también mía como Presidente”.

Esto fue reafirmado por Chadwick en su declaración, aludiendo a que a raíz de la “superioridad de la violencia”, Piñera debió declara el estado de excepción, sobre todo, por la situación crítica de la red de Metro.

“Un punto central era poder cubrir especialmente el Metro, porque todo se había desarrollado ahí, salvo dos o tres incendios como el de Enel. Carabineros le informa al subsecretario del Interior que ellos no tienen la posibilidad o capacidad de poder cubrir las estaciones del Metro por un problema de dotación. Ante eso y dados los riesgos inminentes, el Presidente decide recurrir al estado de emergencia”, declaró Chadwick.

El futuro de la causa

El pasado 10 enero, el fiscal nacional, Ángel Valencia, determinó traspasar la investigación a la fiscalía regional de Antofagasta, liderada por Carlos Bekios, luego de que el general director de Carabineros solicitara remover al fiscal Xavier Armendáris y la fiscal Chong de la investigación contra los altos mandos por supuesta imparcialidad.

Valencia decidió mantener a los fiscales a cargo al no encontrar argumentos que respaldaran las acusaciones de Yáñez, quien, junto al exgeneral director Mario Rozas, serán formalizados el próximo 7 de mayo por su eventual responsabilidad de mando en los crímenes de lesa humanidad ocurridos en el estallido.

Sin embargo, Valencia sí determinó que Armendáriz tenía “sobrecarga de causas” por lo que la arista de “lesa humanidad” —en la que estaba implicado Piñera y sus colaboradores— pasara a manos de Bekios.

Así, el fiscal de Antofagasta deberá determinar si quedan pendientes diligencias en la investigación en que se dictará sobreseimiento de Piñera y tendrá que decidir si formalizar o no a los exministros del fallecido exmandatario.