Expertas advierten que Chile no garantiza la no repetición de esterilizaciones forzadas a mujeres con VIH

En 2002, Francisca fue esterilizada forzosamente en un centro de salud público, sin su consentimiento, tras ser diagnosticada con VIH positivo. El caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2009, lo que derivó en un acuerdo amistoso con el Estado de Chile y, años después, en disculpas públicas del presidente Gabriel Boric. Sin embargo, para la trabajadora social y activista Susana Unzaga, coordinadora de la agrupación Mujeres con Energía Positiva y académica del Instituto Profesional Santo Tomás, la reparación simbólica no basta: "detrás de Francisca hay muchas mujeres que entramos a La Moneda", sostuvo en el programa Palabras Clave de El Desconcierto.

Junto a la abogada Lidia Casas Becerra, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales (UDP), Unzaga analizó el alcance del acuerdo, los desafíos pendientes para el sistema de salud y la situación de las mujeres con VIH en Chile y América Latina, en el contexto del próximo 8 de marzo.

¿Qué tan extendida es la discriminación a mujeres con VIH en Chile?

Según datos de Chile Positivo citados por Unzaga, al menos el 25% de las mujeres que viven con VIH siente vergüenza de atenderse en centros de salud, mientras que el 75% oculta su diagnóstico. "Nos vivimos este diagnóstico en soledad, con mucha tristeza, porque lamentablemente el VIH tiene una connotación moral", explicó la activista, quien lleva más de 26 años viviendo con el virus. A eso se suma que más del 75% de las integrantes de su agrupación declaró haber experimentado violencia institucional.

Para Casas, la discriminación tiene raíces estructurales: "la falta de formación e información a los profesionales de la salud va reproduciendo formas de discriminación y estigma", señaló en el mismo espacio. La abogada añadió que se trata de un patrón que los informes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos han identificado en varios países de la región, con impacto también en mujeres con discapacidad y comunidades como el pueblo Roma en Europa Oriental.

¿Existen garantías de no repetición tras el acuerdo con la CIDH?

El acuerdo amistoso con la CIDH no constituye una recomendación, sino una obligación jurídica para el Estado. Entre sus compromisos, el Ministerio de Salud debe capacitar a profesionales en derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos y en procedimientos de esterilización. Sin embargo, Unzaga advirtió que los avances han sido parciales: "todavía hay mujeres que van al hospital a retirar su medicamento y las matronas las culpan por tener VIH", sostuvo en el programa.

Casas, por su parte, fue directa respecto a la pregunta central: "no puedo decir que esto no se vuelva a repetir. Lo que el Estado tiene que hacer es asegurar las condiciones para evitar que esto se repita". Para la abogada, el cambio estructural requiere tres frentes simultáneos: formación universitaria con enfoque de derechos humanos, capacitación continua desde el Ministerio de Salud y una reforma en el sistema de justicia que procese estas conductas como lo que son: delitos. "Es un cambio de mentalidad, un cambio de cultura, y creo que en esto hemos ido muy lento", concluyó.

Con motivo del 8M, Unzaga hizo un llamado concreto a las mujeres: "te invito a hacerte el test de VIH, pídelo en tu consultorio, así como te piden el Papanicolaou". Para quienes ya tienen el diagnóstico, mencionó a la Fundación Savia —con sede en Santiago— como espacio de acompañamiento, y a la agrupación Mujeres con Energía Positiva como instancia de apoyo colectivo.