Socios de la emisora de radio 'La Voz del Sur' pidieron este miércoles a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) medidas de reparación por la confiscación del medio de comunicación durante la dictadura de Chile en 1973.

La CorteIDH llevó a cabo este miércoles una audiencia por este caso en la que escuchó el testimonio de Mario Galetovic, de 92 años de edad, quien es uno de los dos integrantes de la radio que aún viven.

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"La usurpación de los bienes de la radio, el daño que se nos produjo en nuestros trabajos, fuimos detenidos, pasamos largos periodos en campos de concentración, en cuarteles militares, en la cárcel y todos los sufrimientos inenarrables como consecuencia de la brutalidad a la que fuimos sometidos física y piscológicamente, creo que serán debidamente considerados por la honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos y tendremos una reparación justa en lo pecuniario, en lo social y en lo moral", dijo Galetovic.

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El caso se refiere a la falta de acceso a un recurso judicial efectivo para la reparación por la confiscación de la radio, en perjuicio de Mario Galetovic Sapunar, Daniel Ruiz Oyarzo, Carlos González Jaksic, Oscar Santiago Mayorga Paredes, Hugo René Formantel Díaz y Néstor Edmundo Navarro Alvarado.

Estas personas formaban parte de la sociedad Ruiz y Compañía Ltda., la cual administraba y operaba la emisora 'La Voz del Sur' de la ciudad de Punta Arenas.

El 11 de septiembre de 1973, fecha del golpe militar en Chile, cuando la emisora terminaba de transmitir el discurso del entonces presidente Salvador Allende antes de su muerte, fuerzas del Ministerio de Defensa tomaron posesión de las instalaciones de la radio, y los socios fueron llevados a distintos centros de detención, donde fueron torturados.

Un decreto de 1974 del Ministerio del Interior declaró disuelta la sociedad y ordenó pasar la radioemisora al dominio del Estado de Chile.

Tras el final de la dictadura, las víctimas presentaron una demanda judicial solicitando se declarara la nulidad de los decretos que les habían afectado.

El 21 de enero de 2004 la Sala Tercera Constitucional de la Corte Suprema de Chile resolvió que, si bien los decretos eran nulos, la acción para reclamar la compensación por las consecuencias patrimoniales había prescrito a los cinco años de la promulgación de los decretos.

La demanda contra Chile se relaciona con la presunta violación de la Convención Americana de Derechos Humanos cometida por el Estado al aplicar la prescripción de las acciones judiciales de reparación.

El director de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, Tomás Pascual, dijo en la audiencia que "los horrores de la dictadura civil militar chilena persisten hasta el día de hoy" y reconoció que "este es un caso de derechos humanos en donde el señor Galetovic y sus compañeros fueron despojados de una radio como muchas otras personas fueron despojadas de sus bienes".

Pascual afirmó que en el presente caso hay evidentes violaciones e ilegalidades, pero defendió el accionar de las autoridades de justicia en cuanto al asunto de la prescripción.

Afirmó que el caso presentado ante la CorteIDH "no es posible determinar una vulneración de las garantías judiciales" y que "la prescripción es consistente con el estándar interamericano".

Tras la audiencia de este miércoles, las partes tienen un mes para presentar sus alegatos finales escritos y a partir de entonces la CorteIDH emitirá un fallo en los siguientes meses. EFE