El Presidente Gabriel Boric comenzó a zanjar la polémica por las pensiones de gracia otorgadas a personas con antecedentes penales, comenzando a revocarlas a quienes no les correspondía recibirlas.

Esto, luego que Contraloría General de la República (CGR) detectara 58 pensiones otorgadas durante el estallido social, a personas condenadas por delitos violentos o tan graves como producción pornográfica infantil.

Además, se acusó que algunas personas que fueron heridas durante el estallido social, no presentaron informes médicos que confirmaran una mutilación permanente que los categorizara como víctimas de violaciones a los Derechos Humanos.

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Al respecto, el Presidente Boric confirmó que “en el caso de las pensiones de gracia hay una situación bien indignante. Hemos conocido antecedentes que no estaban a disposición al momento en que se otorgaron”.

“Estamos hablando de 18 mil pensiones de gracia otorgadas desde hace mucho tiempo, de las cuales 418 tienen un vínculo con el estallido social y de ellas hay cerca de 60 en las que se han identificado a personas con antecedentes panales", añadió.

En ese sentido, el Jefe de Estado destacó que “estas pensiones fueron otorgadas por nuestro gobierno, pero también por el anterior (Sebastián Piñera)”.

"Las pensiones de gracia no son un premio al mérito. Por lo tanto, en los casos donde efectivamente haya existido una grave vulneración de los derechos humanos, como la pérdida del globo ocular, las personas tendrán que responder por el delito que hayan cometido, pero tienen el derecho a ser reparados", subrayó.

Para cerrar, el Presidente de la República expresó a la prensa que "desde mi perspectiva personal, han habido irregularidades en el proceso (…) Por eso, le encargué al Ministerio del Interior que revisara no solamente las pensiones que han salido a la luz, sino que también todas y cada una de las carpetas y ya hemos tomado la decisión de revocar 25 pensiones de gracia, porque no se cumplen los requisitos necesarias para sostenerlas".

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