La semana pasada el gobierno presentó dos proyectos fruto del trabajo del Gabinete Pro Crecimiento y Empleo: el Sistema Inteligente de Permisos y la Evaluación Ambiental 2.0. Se trata de iniciativas largamente discutidas y esperadas, al punto que el segundo representa una actualización de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente que no ocurría desde su entrada en vigencia hace 30 años. Ambas iniciativas se encuentran en el marco del objetivo del gobierno de reimpulsar el crecimiento económico a corto y largo plazo.

Los proyectos buscan operar en un complejo equilibrio que muchos consideran inalcanzable: el del desarrollo de la economía y la protección del medioambiente. Con estos proyectos se demuestra que es posible. No es lo uno o lo otro, sino que ambas cosas. Por una parte, el ajuste a la Evaluación Ambiental moderniza y mejora los instrumentos de gestión ambiental existentes en nuestro país, adecuándose a la realidad del Chile de hoy. Mientras, el Sistema Inteligente de Permisos es una iniciativa que apunta a realizar una profunda reforma a la manera en que entregan hoy los permisos sectoriales que permiten el desarrollo proyectos y actividades en áreas reguladas.

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Con el Sistema Inteligente de Permisos, el gobierno apunta a cumplir tres objetivos: simplificar los procesos de autorización, reducir los tiempos de los mismos y dar mayores certezas a los inversionistas. Se trata de una señal potente hacia los mercados cuyas inversiones requieren de permisos sectoriales. Estos proyectos son una señal de que el Ejecutivo está dispuesto a jugársela por la inversión en el país, entregando certezas jurídicas a quienes deseen desarrollar proyectos en Chile, pero sin descuidar los objetos de protección.

Las normas propuestas y que materializan este nuevo sistema se pueden consolidar en cuatro grupos. El primero establece normas mínimas de tramitación para todos los permisos sectoriales. Entre otras exigencias, se establecerá que todos los procesos deben contener un examen de admisibilidad, se mejorará la regulación de las iteraciones entre el Servicio tramitador y el solicitante, se establecerán plazos máximos para todos los procedimientos, cuestión que hoy no existe, y se especificará el uso del silencio administrativo como medida de última ratio.

El segundo punto incluye criterios de proporcionalidad en la tramitación, estableciéndose un procedimiento que permitirá reemplazar autorizaciones por declaraciones juradas u otras técnicas, en razón del riesgo de cada obra, instalación o actividad de un proyecto. Esto llevará a que existan alternativas distintas dependiendo del nivel de riesgo del proyecto, haciendo más eficiente la tramitación.

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Un tercer eje corresponde a la ampliación de la plataforma SUPER como ventanilla única digital para la tramitación de permisos sectoriales, basándonos en la plataforma creada por el gobierno anterior.

El último eje corresponde a la creación de un órgano público encargado de monitorear la materialización de las normas de tramitación de permisos y el perfeccionamiento del marco normativo de los permisos sectoriales.

Se espera que este proyecto reduzca los tiempos de tramitación de permisos para todo tipo de proyectos. Los grandes proyectos mineros podrían pasar de una tramitación de 9 años a una de poco menos de 6 años. En el caso de un hospital de alta complejidad el tiempo se reduciría de 3 años y 9 meses a 2 años y 11 meses. El tiempo que toma conseguir los permisos para abrir un restaurant podrá bajar de 8 a 2 meses y medio.

Ninguna de estas reducciones en los tiempos se producirá reduciendo el nivel de exigencia o los estándares a los que se someten los proyectos de inversión en Chile. Es una manera distinta de organizar el sistema. Será sometido a una rearticulación, coordinando de mejor manera los tiempos y las iteraciones entre distintas instituciones, para introducir distintos tipos de regímenes según el riesgo de impacto que reviste cada proyecto.

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El gobierno está avanzando en otorgar mayor certeza y menores tiempos de tramitación en el desarrollo de proyectos de inversión, impulsando el crecimiento sin perder los estándares de exigencia que permiten proteger objetos de interés público. Lograr más y mejores inversiones para Chile nos permitirá crecer y crear nuevos puestos de trabajo y una mayor recaudación fiscal para implementar políticas sociales.