El trabajo del Gabinete Pro Crecimiento y Empleo, instancia creada por el presidente Gabriel Boric con el fin de agilizar el desarrollo de proyectos de inversión, ha generado dos proyectos que fueron presentados esta semana y que, además de cumplir con el mandato entregado a este grupo, intentan conciliar el cuidado del medioambiente y el crecimiento económico: El Sistema Inteligente de Permisos y la Evaluación Ambiental 2.0. Estos dos elementos suelen ser presentados como contradictorios, pero no es lo uno o lo otro, sino que ambas cosas dependientes la una de la otra. El gobierno de Chile ha trabajado en un balance que permite que ambos objetivos avancen de forma simultánea.

Estos proyectos comparten el objetivo de optimizar la entrega de autorizaciones para proyectos de inversión, dando mayores certezas tanto a los inversionistas, como a las comunidades que habitan en las zonas donde se concretarán. Entregar certezas de inversión no significa en ningún caso retroceder en la regulación ambiental. El gobierno avanza mejorando la manera en que se entregan los permisos, a la vez que elevando los estándares de cuidado del medioambiente y respeto a las comunidades.

La Evaluación 2.0 es una reforma que moderniza y mejora los instrumentos de gestión ambiental vigentes. Se trata de un proyecto para el Chile actual, que actualiza una ley promulgada en 1994 y cuya principal característica es el equilibrio que genera al incorporar en un solo proyecto aspectos pro participación, pro medioambiente y pro inversión. El proyecto de ley cuenta con tres pilares: El primero es disminuir la incertidumbre y los tiempos de tramitación tanto para las comunidades como para los inversionistas. El segundo, fortalecer los instrumentos de gestión ambiental, en particular el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y la Evaluación Ambiental Estratégica. Y el tercero corresponde a mejorar la participación de la ciudadanía en el proceso, dando aplicación a las orientaciones del Acuerdo de Escazú ratificado por la actual administración. La participación ciudadana no es una traba para la inversión. Las mejores decisiones son las que se toman con participación.

Los dos gobiernos anteriores trabajaron para reformar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) sin lograr acuerdos para aprobarlos. Esta es una oportunidad histórica para llegar a un gran acuerdo país para actualizar nuestra normativa ambiental, para proteger a las personas, al medioambiente, y a la vez dar certezas a las comunidades e inversionistas involucrados en los proyectos de inversión.

Se espera una reducción de tiempos en todas las fases de la evaluación ambiental. La Participación Temprana Voluntaria, permitirá que los inversionistas puedan mejorar el diseño de sus proyectos en etapas tempranas, previo a ingreso al sistema de evaluación, tomando mejores decisiones de inversión en etapas iniciales de sus proyectos. Con esto se buscan reglas claras para todos los actores, que nos permitan evitar conflictos socioambientales, que generan problemas en la comunidad y, cuando se judicializan, retrasan aún más la tramitación de los proyectos.

Se avanza en la tecnificación de las decisiones, entregando mayores atribuciones al SEA y eliminando instancias políticas, como el Comité de Ministros y las Comisiones de Evaluación Ambiental. Esto significa que la decisión final respecto a un proyecto será principalmente del SEA, que decidirá en base a los antecedentes técnicos y a la evidencia científica. Finalmente, se genera un Recurso de Reclamación único y simplificado para evitar tiempos excesivos y reenvíos entre los tribunales y la administración.

También se incluyen cambios en la Evaluación Ambiental Estratégica, que dejará de ser un instrumento referencial, avanzando a un rol más preponderante del Ministerio del Medio Ambiente.

Esta propuesta incluye los aportes de los distintos actores, recogidas en un proceso amplio de participación. Las mejoras beneficiarán a todos los sectores, porque incorpora principios modernos de protección al medio ambiente y certezas en la tramitación de proyectos. La existencia de “reglas claras” es a la vez un apoyo para los inversionistas y una herramienta de protección para el medio ambiente.

Vistos en su totalidad, la Evaluación Ambiental 2.0 sumada al Sistema Inteligente de Permisos, muestran que este gobierno avanza en crear una legislación que entregue certezas a todos los actores, acortando los tiempos de tramitación sin caer en una disminución de los estándares ambientales, que se fortalecen con nuevas exigencias técnicas y de participación.