En el noticiero nocturno del domingo 14/01/2024 de un canal de televisión se abordó el extraño deseo del actual gobierno de publicar en el Diario Oficial, con la validación de la ministra de Medio Ambiente, un reglamento con el cual se posibilitaría el tráfico internacional de los residuos tóxicos, ello a pesar de que el propio presidente Boric lo rechazaba, cuando era un diputado chascón e infatigable luchador ambientalista, lo que se reflejó mostrándose su imagen en ese programa periodístico.

Tal como se veía en pantalla, él se oponía con sólidos argumentos a ese negocio promovido por aquellos "hombres de negocios" de la empresa Derco y del gremio Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje (ANIR), quienes se desenvuelven en la venta de baterías y es conocido que no quieren hacerse cargo de su responsabilidad ambiental.

Los que somos verdaderos promotores del crecimiento sustentable, ante este descalabro en ciernes, nos vimos obligados a enviarle una esclarecedora nota el 08/06/2023 a la ministra de Salud, para que ella tomara cartas en el asunto (ver aquí).

Pero como la doctora Ximena Aguilera tiene una altísima carga de trabajo, a esta fecha no nos entrega la respuesta de rigor, ante lo cual entendiendo sus muchas preocupaciones ante la vigencia del fallo de la Corte Suprema por las isapres, no le damos mayor importancia.

La actual regulación sobre exportación/importación de este tipo de residuos está contenida, básicamente, en dos cuerpos normativos: el Convenio de Basilea, tratado internacional suscrito por el Estado de Chile, que solo permite exportar residuos peligrosos cuando la industria nacional no sea capaz de reciclarlos y el Decreto N°2, de 2010, del Ministerio de Salud, el cual prohíbe la exportación de baterías de plomo usadas, mientras existan en el país instalaciones con capacidad para procesar tales residuos peligrosos.

Recordemos que el reglamento de marras se originó durante el gobierno de Piñera y es necesario expresar que cuando Luis Cordero no era un flamante ministro de Justicia, como lo es hoy, en un documento publicado el 05/09/2022 denominado "Regula el movimiento transfronterizo de residuos", lleno de convincentes explicaciones y citas en el ámbito del derecho, también lo fustigaba, porque contrariaba abiertamente el Convenio de Basilea y otras disposiciones, como se muestra en una nota del medio Interferencia (ver aquí).

La ministra Rojas, en relación a las amenas conversaciones entre altos dirigentes empresariales con ministros y políticos de izquierda, centro y derecha, en el departamento del lobbista Pablo Zalaquett, decía que ella aceptó estar presente en uno de esos conciliábulos secretos, a pesar de que no conocía al promotor de los mismos. Tenemos el deber de creerle, pues ella desde siempre se desenvuelve en materias científicas y si aceptó compartir con gente de la élite, preocupada preferentemente de que sus proyectos de inversión no se vean afectados por la llamada "permisología", suponemos que ella asistió solo porque se lo solicitó o bien la ministra del Interior, Carolina Tohá, o en su defecto el propio presidente Gabriel Boric.

El objetivo de esta columna de opinión es felicitarla por el cambio de postura pues, tal como quedó en evidencia en el aludido programa de televisión, ella se comprometió solemnemente ante la opinión pública de que el mentado reglamento quedará congelado por el período de dos años, con lo cual quedará muy satisfecho el propio ministro Cordero, respetándose por lo tanto el discurso político del entonces diputado Boric. Así las cosas, tendremos un prolongado período de tiempo para que, en un ambiente participativo y democrático, se revisen los pro y en contra del polémico reglamento y será en el próximo gobierno quién decidirá si vale la pena respetar el Convenio de Basilea.

Pero este columnista, tal como ha quedado de manifiesto en sus diversas publicaciones en algunos medios, sostiene que como en Chile tenemos una capacidad empresarial técnicamente competente en esta tarea, espera que el texto del reprochable reglamento sea modificado, con la injerencia de los expertos del Ministerio de Salud y de Economía, priorizando la capacidad y desarrollo de nuestro país o bien archivarlo.