En abril de 2023, el Comité de Ministros aprobó la expansión de la mina Los Bronces, revirtiendo un informe del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que recomendaba rechazar el proyecto. Esta fue una de las tantas ocasiones en que generó polémica la instancia política de decisión sobre proyectos con impacto ambiental, contraviniendo las opiniones técnicas.

Ahora, el Ejecutivo ingresó un proyecto de ley largamente prometido, que reforma el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), eliminando el Comité de Ministros y las Comisiones de Evaluación Ambiental, para “fortalecer el rol técnico de la evaluación ambiental de proyectos”, se indica desde el Ministerio de Medio Ambiente. 

El texto también busca mejorar el acceso a las instancias de participación ciudadana en los proyectos presentados a través de Declaraciones de Impacto Ambiental (vía por la que ingresa 95% de los proyectos). Para esto, elimina los conceptos de “cargas ambientales” y “comunidades próximas”, que según el ministerio han sido fuente de incertidumbre en el proceso.

Además, crea un procedimiento voluntario de participación temprana para que los inversionistas mejoren el diseño de sus proyectos en etapas tempranas, previo a ingreso al sistema. Para esto existirán reglas claras de la relación entre las comunidades y las empresas, con el objetivo de evitar conflictos socioambientales que generan problemas a nivel comunitario.

Por su parte, agrega un mecanismo nuevo de consulta de pertinencia para que modificaciones menores de proyectos que ya tengan permiso ambiental, puedan presentar uan declaración jurada del cambio sin esperar respuesta, para disminuir plazos. Cabe recordar que el mecanismo de consultas de pertinencia ha sido motivo de debate entre abogados ambientales, y criticado por parlamentarios del oficialismo.

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¿Permisología?

El proyecto se presenta en el marco de un debate sobre la cantidad de permisos necesarios para proyectos de inversión, y los tiempos de tramitación de estos, para lo cual se ha usado el término de “permisología”. También se presenta al mismo tiempo que otro proyecto del ejecutivo, orientado a acelerar los trámites y permisos sectoriales no ambientales que necesitan los proyectos de inversión.

Al respecto, la ministra de Medio Ambiente Maisa Rojas ha manifestado su rechazo al término utilizado, que aborda de manera peyorativa la existencia de regulación estatal para el desarrollo de actividades. “La regulación es clave para establecer las condiciones de cómo queremos desarrollarnos como país, y para dar certezas, tanto a los inversionistas como a las comunidades”, se expresa desde el Ministerio. 

Desde el ministerio declaran que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) tiene plazos legales estrictos de tramitación y los proyectos se entienden por aprobados si el servicio los incumple. 

Además agregan que, al analizar los tiempos de tramitación de proyectos, la mayor demora se da cuando los titulares solicitan la suspensión de plazos para responder a organismos con competencia ambiental. “Los proyectos que están bien elaborados y con un buen relacionamiento comunitario tienden a fluir en su evaluación”, ha comentado al respecto la directora del SEA, Valentina Durán. 

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