'-Le facturaron a Simplicity- dice Leonarda Villalobos

-¿Quién?- pregunta Daniel Sauer.

-Guayasamín, en junio. Hay una sola (factura)- responde la abogada.

-Sí, esa es real- confirma Sauer

-Esa debe ser de verdad-, asegura Hermosilla.

Entre los más de 50 nombres y empresas mencionadas en el audio registrado en la oficina del abogado Luis Hermosilla, suceso que destapó el escándalo sobre eventuales coimas a funcionarios de organismos fiscalizadores, apareció el nombre de la agencia de comunicaciones Simplicity.

La empresa tiene doce años de vida, innumerables clientes, oficinas en varios países de Latinoamérica y en Maimi, desde donde pretende expandirse prontamente a Nueva York. Hoy representa a Prochile, Opencasa, Endeavor Miami, Kumbha Energy y Grupo Patio, entre otras grandes corporaciones.

Es precisamente esta última empresa la que ha estado en el centro de la polémica, luego de aparecer en el mismo audio como beneficiada con supuestas “facturas de favor”, con el objeto de aliviar la situación económica del conglomerado fundado por la familia Jalaff.

-¿Sabes lo que pasa Lucho? Prefiero en esta ponerme yo, a cobrarle a Álvarito (Jalaff)- comenta Daniel Sauer a Luis Hermosilla cuando éste sugiere pedirle plata al Grupo Patio para cubrir las eventuales coimas.

[caption id="attachment_884886" align="aligncenter" width="900"] Abogado Luis Hermosilla[/caption]

Sauer reconoce en el audio que Inversiones Guayasamín Spa, propiedad suya y de Darío Cuadra, es el vehículo emisor de facturas falsas ocupadas para salvar al Grupo Patio, donde Factop -Factoring de los hermanos Sauer- tendría participación de un 40% a través de Santa Teresita Spa, según consignó Diario Financiero.

En medio de esas 321 facturas emitidas por Guayasamín por $3.661 millones aparece la agencia de comunicaciones del periodista Matías Cartajena Vodanovic, socio fundador de Simplicity, y en su momento miembro del Comité de Reputación Corporativa de Icare.

Pese a que el mismo Sauer reconoce que la factura emitida a la empresa es verdadera, el sólo hecho de aparecer mencionada generó una serie de contratiempos a la agencia que ha calificado los hechos como una grave “campaña de desprestigio”.

Argumento que se desarrolla en una reciente querella, interpuesta en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, en contra de todos quienes resulten responsables de “acceso ilícito” a base de datos internas, tras comprobar una vulneración a los sistemas de seguridad informáticos de la empresa.

“Comunicación de crisis, papá”

 Alrededor de 21 trabajadores de la compañía, el 14 de noviembre de 2023, recibieron en sus correos institucionales un email proveniente de un supuesto sindicato al interior de la empresa responsable, entre otras tareas, de haber manejado las crisis de SQM y Penta en su momento más complejo.

La misiva acusaba malos tratos, falta de lineamientos, privilegios de la plana ejecutiva e inversiones en el extranjero en desmedro de los equipos locales. Además de otras exigencias perentorias: aumentar el 30% de las remuneraciones de todos aquellos que ganan menos de 3 millones, cambio de jefes maltratadores y contratación de personal de apoyo.

“Te invitamos para que te sumes para hacer más fuerza. Somos nosotros los que tratamos con los clientes y hacemos la pega”, se lee en el documento.

Lo curioso del asunto es que una de las estrategias de la compañía, según reporta su propia web, es “descansar y compatibilizar nuestra vida personal y profesional”, otorgando 4 semanas de vacaciones al año, home office una vez por semana y tarde libre los días viernes.

Tampoco existiría ningún sindicato formal al interior de la agencia y, según se detalla en la querella, no existiría “evidencia de que éstos (trabajadores) tengan la intención o motivación de conformar uno”.

Los actos de amedrentamiento continuaron. A las 22:16 de ese mismo día la cuenta de contacto de la empresa recibió un correo electrónico con un remitente que se denominó “facturas” y que dejó el siguiente mensaje: “Cómo están esas facturas? El audio eh, comunicación de crisis papá. En el audio justo en la hora salen ustedes”.

[caption id="attachment_880546" align="aligncenter" width="900"] Daniel Sauer[/caption]

Cuatro días más tarde, las amenazas comenzaron a subir de nivel. Varios clientes de Simplicity comenzaron a recibir correos electrónicos de un grupo denominado Investigación para la Probidad, identificado como una entidad independiente sin fines de lucro dedicada a “hacer seguimientos a casos relacionados con delitos en el contexto de la corrupción”.

“Estamos investigando el caso de posible delito del abogado chileno Luis Hermosilla con el reciente audio salido a la luz pública donde delata un mecanismo de flujo de facturas falsas y coima a funcionarios públicos”, dice el correo de la supuesta organización sin registro ni identificación en servidores de búsqueda.

En el email, además, se alude a un vínculo de negocios entre la agencia de comunicaciones con la familia Jalaff, Menichetti y Calderón, donde “presuntamente recibieron facturas de las sociedades de esas empresas”.

“¿Estaba en conocimiento de esta situación? y cuál es el código de ética y canales de denuncia que ustedes manejan en caso de verse expuestos a situaciones de corrupción”, inquieren a los clientes al final de la carta.

Campaña de desprestigio

Simplicity asegura que han identificado al menos siete clientes que han recibido el mismo mensaje, “todas dirigidas a empleados o directivos de las empresas, cuyas direcciones de correos electrónicos no se encuentran publicadas en la web.

El “ataque cibernético” es catalogado por la empresa como grave debido a que las denuncias “no tienen asidero alguno en la realidad” y buscarían, a través del engaño, dañar la reputación de Simplicity intentando “salpicarla” con el escándalo que rodea “al abogado Hermosilla y los demás implicados en el audio filtrado”.

“Es evidente que tanto el supuesto sindicato y la pretendida ONG no son más que fachadas utilizadas por una o más personas que buscan directamente perjudicar a Simplicity por motivos que desconocemos”, detalla la querella.

Para la agencia de comunicación se trataría de una campaña de desprestigio donde se habría utilizado información de una base de datos interna, relativa a su cartera de cliente, a partir de teléfonos y correos electrónicos, que se encontrarían en dispositivos informáticos y plataformas digitales con acceso restringido.

“Sólo cabe concluir que la o las personas responsables de la campaña de difamación iniciada en contra de Simplicity, accedieron de forma ilícita a las bases de datos mencionadas y utilizaron la información para difundir los mensajes que dieron origen a esta querella”.

Es precisamente este último punto lo que tendrá que dilucidar la investigación  a cargo de la Fiscalía Metropolitana Oriente.

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